SANTIAGO. Como un desacato a la Justicia ha sido interpretada aquí la decisión del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), de no dar cumplimiento a la ordenanza que manda entregar los equipos incautados al Canal 53 y la reapertura de la planta en las condiciones en que la encontró en marzo pasado.

Nelson Cerda, uno de los abogados de la empresa cerrada en marzo, dijo que la resistencia a dar cumplimiento a la sentencia de la juez presidente de la Cámara Civil y Comercial de Santiago constituye un desafío a uno de los poderes del Estado.

Estableció que esto evidencia que el Indotel una vez más se coloca en estado de ilegalidad y de rebeldía contra una decisión de un juez competente.

Nosotros ahora no entendemos como si antes de producirse la sentencia querían entregar los equipos, ahora desobedecen la ordenanza que le manda hacer eso, dijo el jurista, indicando además que esto hace sospechar lo que se pensó desde el principio de este caso, osea que se busca es mantener fuera del aire a esa empresa periodística porque se está en medio de un proceso electoral.

Dijo que está claro que el caso del cierre del canal 53 tiene un matiz político.

Informó que de persistir en el desacato de la sentencia por el Indotel, la empresa no le queda otro camino que recurrir a los organismos internacionales para que sean estos quienes conminen al Estado Dominicano a someterse a la legalidad y al cumplimiento del mandato judicial que le ha sido dado.

Anteayer la juez Rosmerys Veras dispuso que el Indotel devuelva los equipos que le incautó a Cibao TV Club y permita la reapertura de ese medio, cosa que dijo mediante documento, no haría el órgano regulador de las telecomunicaciones del país.

En caso de no obedecer la sentencia, el Estado debe pagar cinco mil pesos diarios por no entregar un equipo de microonda y un transmisor que los técnicos de Indotel se llevaron el 26 de marzo.