El cumplimiento de la disposición de la reciente reforma tributaria que ordenó que a más tardar en 60 días fuese revisada la Ley 28-01 sobre incentivos fiscales en la frontera fue demandado por las principales asociaciones empresariales para de esa manera corregir las distorsiones que ha creado.

El planteamiento fue realizado por las principales asociaciones empresariales del país durante un encuentro ayer con representantes de diversos medios de comunicación donde se destacó el interés expresado por altos funcionarios del Gobierno de impulsar las modificaciones necesarias a esa ley.

Las asociaciones industriales afirmaron que tal como fue concebida esa ley está teniendo un alto costo fiscal para el Estado, hace una competencia desleal a industrias establecidas que pagan sus impuestos y canibaliza los empleos, en vez de generar nuevos puestos de trabajo.

El economista Roberto Despradel presentó en el encuentro un estudio que establece que el gasto tributario o beneficios fiscales que recibieron 46 empresas acogidas a dicha ley ascendieron a 1,100 millones de pesos al año, que representan un gasto tributario por empleado de 248 mil pesos. La totalidad de empleados de esas empresas es de cuatro mil 369.

El estudio agregó que si a eso se suma que una parte de esos empleos no se encuentran directamente en la frontera, ya que muchas empresas tienen oficinas y redes de distribución en otras regiones del país, la cifra del costo tributario por empleo generado en la frontera es mayor.

También el agravante de que el 62 por ciento de los beneficios impositivos otorgados se concentran en las principales cinco empresas y el 83 por ciento lo absorben las principales diez empresas.

Además, que a pesar del gasto tributario hecho, no se registraron exportaciones significativas por parte de las empresas acogidas a la indicada ley, pues el objetivo primario ha sido el mercado doméstico y no el de exportación.

Estas empresas industriales, con los menores volúmenes de exportaciones, reciben los mayores montos de beneficios impositivos, indicó.

Recomendó que se establezcan incentivos fiscales que no produzcan distorsiones ni competencia desleal, como son exenciones del impuesto sobre la renta: y la modificación de aspectos que afectan negativamente los encadenamientos productivos, como son los impuestos al comercio exterior. También sugiere que los incentivos sean destinados al fomento de la inversión y el empleo en la frontera.