SANTO DOMINGO. Algunos sectores privilegiados todavía se resisten a la aplicación de la Ley General de Salarios para el Sector Público No.105-13, y estarían intentando obstaculizar el proceso de implementación de esa normativa a través de la incoación de un recurso de inconstitucionalidad contra la referida legislación, por ante el Tribunal Constitucional.

La denuncia fue hecha por el titular del Ministerio de Administración Pública (MAP), licenciado Ramón Ventura Camejo, quien señaló que ésas son informaciones con las que cuenta el Poder Ejecutivo, de que hay sectores que están torpedeando la implementación de la ley de salarios porque afecta privilegios, cuyos beneficiarios estarían tramando recurrir a una supuesta inconstitucionalidad de la ley, y esto sería una ofensa a las legítimas aspiraciones del pueblo dominicano.

En este sentido, el ministro recordó que la Constitución de la República establece en su artículo 144 que será la ley la que determinará el salario de todo el Estado dominicano, y que el Congreso cumplió con ese mandato.

Para la República Dominicana ha sido trascendental la aprobación de la Ley General de Salarios, que va a transparentar los salarios del sector público, establecerá una jerarquía salarial importante en este proceso de racionalización de la administración pública y tendrá un gran alcance social, porque reducirá la inequidad salarial, destacó.

El funcionario reveló que ya fue elaborado un borrador de reglamento, en el que será incluido un elemento nuevo: la definición de cuál debe ser el salario mínimo indispensable para los empleados públicos de menor nivel. De este punto no se ha hablado mucho, pero es muy importante, porque se trata de garantizar que los empleados públicos que menos ganan tengan el poder adquisitivo necesario para tener acceso a la canasta básica, indicó Ventura Camejo.

Asimismo, Ventura Camejo aclaró que el reglamento contempla que los salarios estén regulados por las autoridades específicas de cada área de la administración pública. Esto significa que no habrá ninguna intromisión en ningún poder del Estado, porque, por ejemplo, la regulación salarial del Congreso sería hecha por el propio Congreso, a través de una reglamentación; mientras la regulación del Poder Judicial sería hecha por los titulares de cada de las ramas de ese poder, en tanto la regulación del sector financiero estaría hecha por los titulares de la autoridad de ese sector, y las del Poder Ejecutivo las haría el Ministerio de Administración Pública, precisó.