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Denuncias de corrupción se han llevado al menos 20 funcionarios

Denuncias de corrupción se han llevado al menos 20 funcionarios

En los primeros 15  meses del gobierno del presidente Luis Abinader han suspendidos o cancelados al menos 19 exfuncionarios  por implicaciones en actos de corrupción y otros con dificultades en la presentación de sus declaraciones juradas de bienes. Otras han tenidos que renunciar.

La primera en saltar a la palestra pública, luego que hiciera su declaración jurada de bienes, donde incluía unos 100 millones de pesos en su patrimonio, fue la exministra de la Juventud, Kinsberly Taveras.

Fue designada en el cargo desde antes de Abinader tomar posesión, el 23 de julio de 2020 y ocupó el puesto por menos de cuatro meses.

En su lugar, el mandatario designó a Luz Del Alba Jiménez Ramírez, quien actualmente también es cuestionada por el manejo administrativo que está dando en la entidad estatal.

A Taveras le siguió el director del Instituto Agrario Dominicano (IDA), Leonardo Faña, quien fue suspendido de sus funciones el 19 de enero por el presidente Abinader, luego de que el funcionario lo solicitara, tras una acusación de agresión sexual por parte de una de las funcionarias de la entidad, pero meses después fue descargado de la imputación por un tribunal.

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El exviceministro de Salud Pública y exdirector de Gabinete, Robinson Díaz, renunció al cargo, alegando asuntos personales, hecho ocurrido el 19 de febrero pasado, decisión que anunció a través de su cuenta de Twitter. En el cargo designaron a Robinson Santos.

Siete días después el exministro de Salud Pública, Plutarco Arias, sorpresivamente fue destituido a través de un decreto emitido por el presidente Luis Abinader,  luego de un escándalo originado tras la publicación de una licitación para la compra de jeringuillas que serían utilizadas en el Plan de Vacunación Nacional contra la Covid-19 con precios presuntamente abultados por encima del promedio.

La licitación especifica que las jeringas serían compradas por el Estado dominicano a un precio de 25 pesos la unidad, cuando supuestamente en el mercado rondaban a RD$5.00. El doctor Daniel Rivera fue designado en el cargo.

A esta lista de renuncias del órgano sanitario se suma Ivelisse Acosta, exviceministra de Salud Colectiva, quien dijo tener razones “muy personales” para tomar la decisión, cuya carta fue firmada el 27 de abril de 2021. Para cubrir el cargo designaron a Eladio Radhamés Pérez Antonio.

Al menos siete encargados que laboraban en el ministerio de Salud han sido sustituidos por renuncias y cancelaciones.

El 5 de mayo salió a relucir la renuncia de Carlos Fondeur, expresidente del Consejo de Directores del Acueducto y Alcantarillado (Coraasan) en Santiago, quien alegó que en la institución limitaba la empresa que preside del sector construcción ya que este es suplidor del Estado.

El cargo lo ocupa actualmente, desde el 12 de ese mismo mes, el ingeniero Conrado Antonio Asencio Torres.

El 13 de mayo pasado, la exgerente de puerto, Feyla Rodríguez Pavón, renunció alegando “motivos personales”, luego de darse un escándalo de corrupción, con un supuesto fraude millonario que involucra a varios empleados de la Autoridad Portuaria Dominicana en Puerto Plata. Por el caso algunos empleados de esa entidad están siendo investigados.

A la lista de funcionarios cancelados le siguió el ex director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), Juan Carlos Torre Robiu, quien colocó su puesto a disposición del presidente Abinader. Fue destituido luego de que fuera mencionado en la denominada Operación Coral, un entramado de corrupción (militar-religioso) que según la acusación presentada por el Ministerio Público manejó unos tres mil millones de pesos.

Torres Robiu fue arrestado este miércoles 17 de noviembre en la operación Operación Coral 5G, donde además fueron detenidos otros dos generales y tres coronales vinculados a la red de lavado y corrupción Coral, dirigida por el general Adán Cáceres Silverio y la pastora Rossy Guzmán Sánchez.

En el cargo asignaron al general Minoru Matsunaga, quien sustituyó al coronel de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD) Roberto Acevedo Tejada, que ocupaba el cargo de forma interina, luego de que Torres Robiu fue suspendido, previo a ser cancelado.

Otro de los que Girón mencionó en sus declaraciones fue a Elvis Alberto Muñoz Peralta, quien fungía  como encargado del Departamento Financiero del Cuerpo de Seguridad Presidencial, y sacado de sus funciones tras las declaraciones.

Otro  escándalo más reciente en el que se ha visto envuelto un funcionario del gobierno de Abinader, es el de la Lotería Nacional, luego de que se difundiera un video donde se mostraba un fraude en el sorteo del pasado primero de mayo, y cuya presentadora acusó al administrador, Luis Maisichell Dicent, de participar en el hecho.

Maisichell Dicent fue cesado en sus funciones por dos meses, con disfrute de sueldo, hasta tanto que esclarezca la situación.

En el caso están involucradas otras personas, dos de ellas ya han declarado en contra del suspendido administrador, incluyendo la presentadora del sorteo.

En los primeros 15  meses del gobierno del presidente Luis Abinader han suspendidos o cancelados al menos 19 exfuncionarios  por implicaciones en actos de corrupción y otros con dificultades en la presentación de sus declaraciones juradas de bienes. Otras han tenidos que renunciar

Horas después de suspender a Dicent, se dio a conocer el decreto que destituía a Tomás Ozuna Tapia como administrador de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste).

Ozuna Tapia había denunciado varias anomalías, entre estos pagos directos por más de RD$1,300 millones de pesos sin órdenes de compra.

Otro funcionario acusado de agresión sexual laboral es Antonio Gómez Díaz, exencargado regional de Aduanas, a quien luego de su suspensión, le fue impuesto  seis meses de prisión domiciliaria como medida de coerción, acusado de acoso y violación sexual contra dos mujeres.

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La Fiscalía solicitó dos órdenes de arresto por separado contra el exempleado de Aduanas.

Varios casos de presuntos hechos de  corrupción que involucra a varias personas aparecieron esta semana en   dependencias del Estado,  al mismo tiempo el presidente  Abinader   destituyó     los funcionarios implicados en tales acciones  y   la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa de inmediato comienza a investigar.

El primer funcionario que perdió su trabajo fue el  director del Instituto Postal Dominicano (Inposdom), Adán Peguero, luego de resultar implicado en un supuesto escándalo de corrupción en esa institución, al firmar una supuesta afiliación ilegal del Inposdom con la empresa Mía Cargo Group,  violando, según la denuncia, los procedimientos administrativos, entre ellos la normativa de Contrataciones  Públicas (Ley 340-06).

De inmediato el  presidente Abinader lo suspendió a través del decreto 722-21. El mandatario designó de manera interina a Katiusca del Carmen Báez de Hilario.

Hasta ahora, Peguero ha sido  interrogado por lo menos en dos ocasiones en la sede de la Dirección de Persecución de la Corrupción  Administrativa (Pepca), Procuraduría General de la República (PGR), por el procurador adjunto Wilson  Camacho, pero no se han presentado medidas de coerción.

De nuevo, los casos de denuncias de  corrupción  volvieron al  Ministerio de la Juventud, proceso que involucra a la titular, Luz del Alba Jiménez, en un proceso de compras de equipos tecnológicos.

También está siendo cuestionado el encargado de Compra del Ministerio,  José Ramón Liria, junto a la ministra Jiménez.

El denunciante  José Manuel Vidal Tejeda, quien se desempeñaba  como director jurídico de esa institución al ser separado del cargo denunció una  presunta  trama fraudulenta en el Ministerio de la Juventud.

De inmediato, el procurador adjunto y director del Pepca, Wilson Camacho, se activó y abrió un proceso de investigación.

Confirmando las advertencias que había hecho la Dirección de Contrataciones Públicas, quienes habían realizado varias advertencias de anomalías en  el Ministerio de Educación  el  presidente Abinader destituyó este miércoles a Cecilio Antonio Rodríguez Montás, como director ejecutivo del Instituto Nacional del Bienestar Estudiantil (INABIE), luego de varios escándalos de corrupción en la contratación del almuerzo escolar.

El Poder Ejecutivo designó en su lugar a Víctor Ramón Castro Izquierdo, mediante decreto 733-21.

Asimismo, el Ministerio de Educación canceló ayer a otros del Inabie, según confirmó la Dirección de Comunicaciones de esa institución.

José Alejandro Ceballos Paulino, director del gabinete, y Andrés Montero Ferreras, consultor jurídico.

También, los encargados departamentales Deiby Villalona de los Santos, de Gestión de Seguimiento a la Alimentación; Marino Laureano, del Departamento Administrativo y Jesús Alcántara Alcántara, de la División de Tecnología de la Información y Comunicación.

Las destituciones se producen luego que una comisión designada para investigar la adjudicación de las raciones del desayuno y el almuerzo escolar detectara “serias irregularidades” en ese proceso.

En la Policía Nacional también hay problema con la denuncia de un presunto robo y tumbe de  400 kilos de cocaína en Barahona entre miembros de la misma institución.

Al extremo que hoy  el encargado del Departamento de Asuntos Internos en Barahona, cuya hija es está vinculada al secuestro del cabo Esteban Féliz Medina, fue suspendido de sus funciones y permanece bajo investigación.

Se trata del primer teniente José Antonio Suero Carrasco, de quien hasta el momento no se ha determinado si guarda vinculación con el rapto del cabo Féliz Medina, informó el vocero de la Policía, coronel Diego Pesqueira.

El oficial suspendido es padre de la agente Cherilyn Stephan Suero Medina, quien a su vez es esposa de Jonathan Andrés Pérez, uno de los agentes que participó en el secuestro del cabo.

La agente Cherilyn Stefan Suero Medina y su esposo, Jonathan Andrés Pérez, fueron las dos personas que el cabo Féliz Batista describió como los que lo interceptaron en un vehículo Tahoe negro para secuestrarlo y pedirle cinco millones de pesos como parte del botín por el robo de la droga.

Tomás Vidal Rodríguez

Periodista especializado en investigación de datos