Al menos doce funcionarios, desde ministros hasta directores generales, fueron destituidos u obligados a renunciar por el presidente Luis Abinader antes de cumplir su primer año en la posición, tras verse involucrados en escándalos que van desde corrupción hasta acoso sexual laboral.
Entre los funcionarios que salieron del gabinete presidencial hay dos ministros, dos viceministros y ocho con categorías de directores y administradores.
El presidente Abinader, que ganó las elecciones presidenciales y congresuales el 5 de julio de 2020, asumió la Presidencia de la República el 16 de agosto, por un período de cuatro años según le mandato constitucional. Este 16 de agosto de 2021 cumple su primer año.
La primera en renunciar fue la ministra de la Juventud, Kinsberly Taveras, debido a un escándalo que se produjo con su declaración jurada de bienes, de unos 100 millones de pesos en su patrimonio. Sólo estuvo en el cargo hasta noviembre de 2020, a pesar de que había sido anunciada al cargo el 23 de julio por el entonces presidente electo.
Taveras fue investigada en la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa de la Procuraduría por su declaración jurada y porque dentro de sus empresas había una que suplía al Ayuntamiento de Boca Chica, donde su esposo era regidor.
Un segundo funcionario fue suspendido el 19 de enero por el Presidente y sometido a la Justicia: el director del Instituto Agrario Dominicano (IDA), Leonardo Faña, implicado en una acusación de agresión sexual por parte de una de las funcionarias de la entidad.
Faña fue enviado a prisión pero luego la Corte Penal lo puso en libertad aunque con impedimento de salida y presentación periódica, además de una multa de 500 mil pesos. José Daniel del Rosario Valdez fue designado en el cargo.
El tercero fue el viceministro de Salud Pública y director de Gabinete, Robinson Díaz, quien renunció al cargo, alegando asuntos personales, hecho ocurrido el 19 de febrero pasado.
Siete días después el ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, fue destituido a través de un decreto emitido luego de un escándalo originado tras la publicación de una licitación para la compra de jeringuillas que serían utilizadas en el Plan de Vacunación Nacional contra la covid-19 con precios muy abultados por el encima del promedio.
La licitación especifica que las jeringas serían compradas por el Estado dominicano a 25 pesos la unidad, cuando en el mercado rondaban a $5.00. El doctor Daniel Rivera fue designado en el cargo.
A esta lista de renuncias de funcionarios del órgano sanitario se suma la viceministra de Salud Colectiva, Ivelisse Acosta, quien dijo tener razones “muy personales” para tomar la decisión, cuya carta fue firmada el 27 de abril de 2021. Para cubrir el cargo designaron a Eladio Radhamés Pérez Antonio.
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El 5 de mayo salió a relucir la renuncia del presidente del Consejo de Directores del Acueducto y Alcantarillado (Coraasan) en Santiago, Carlos Fondeur, quien alegó que en la institución limitaban la empresa que preside del sector construcción ya que este es suplidor del Estado.
El 13 de mayo renunció la gerente de puerto, Feyla Rodríguez Pavón, alegando “motivos personales”, luego de darse a conocer un supuesto fraude millonario que involucra a varios empleados de la Autoridad Portuaria Dominicana en Puerto Plata.
A la lista de funcionarios cancelados le siguió el director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), Juan Carlos Torres Robiou, destituido luego de que fuera mencionado en la Operación Coral, un entramado de corrupción (militar-religioso) que según la acusación presentada por el Ministerio Público manejó unos tres mil millones de pesos.
Otro funcionario que no completó un año en el cargo fue el administrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent luego de que se difundiera un vídeo donde se mostraba un fraude en el sorteo del primero de mayo, y cuya presentadora lo acusó de participar en el hecho. Fue sometido a la Justicia y permanece en prisión.
Horas después de suspender a Dicent, se dio a conocer el decreto que destituía a Tomás Ozuna Tapia como administrador de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste), denunciado de varias anomalías, entre estas pagos directos por más de 1,300 millones de pesos sin órdenes de compra.
Otro funcionario es Antonio Gómez Díaz, encargado regional de Aduanas, a quien luego de su suspensión, le fue impuesta la medida de seis meses de prisión domiciliaria preventiva, acusado de acoso y violación sexual contra dos mujeres.
La Tesorería Nacional informó que suspendió de manera temporal a su director de Normas y Atención a las Tesorerías Institucionales, Carlos Manuel Ventura Mota, por 90 días sin disfrute de sueldo por faltas de segundo grado en las cuales incurren servidores públicos.
