Un nieto de Rafael Leonidas Trujillo deploró la resolución de la Procuraduría General de la República que instruye a sus dependencias prohibir todas la manifestaciones tendentes a resaltar la figura del tirano. Ramfis Domínguez Trujillo, en correspondencia enviada desde Miami al director de El Nacional, Radhamés Gómez Pepín, dice que es realmente deplorable que luego de más de 50 años de ejercicio democrático, estemos queriendo imponer a fuerzas, métodos de absoluta intolerancia.

Precisa que la disposición que pretende imponer el procurador Francisco Domínguez Brito, data de 1962.

Manifestamos que la anacrónica disposición (5880-60) a la que pretenden otorgar vigencia, fue promulgada por el Consejo de Estado en 1962 con la intención de erradicar todo sentimiento Trujillista en el país, con el concomitante propósito de disimular su vulgar despilfarro del extraordinario caudal que legó el gobierno del Generalísimo Trujillo y de encubrir la amplia colaboración de algunos integrantes del régimen, dice en su carta.

Domínguez Trujillo expresa que es una gran ironía por ejemplo, que el presidente de ése Consejo de Estado, el doctor Rafael Bonelly, quien ocupara diversos cargos en el gobierno del Generalísimo Trujillo (Ministro del Interior, Ministro de Trabajo, Fiscal General, Decano de la Universidad de Santo Domingo, Ministro de Educación, Embajador), fuera también responsable de llevar a la República Dominicana desde Venezuela la silla eléctrica que fue utilizada en la tan repudiada Cuarenta.

Es asimismo inconcebible que esta ley concediera a otro integrante de este Consejo, el señor Antonio Imbert Barrera, los mecanismos para silenciar su participación en el horrendo asesinato de las hermanas Mirabal y su complicidad con el régimen, dice en su carta Domínguez Trujillo.