La palabra Derecho (con D, mayúscula) debe siempre interpretarse como el conjunto de normas jurídicas que rigen la vida social civilizada. Pero cuando ese término se escribe con d, minúscula, entonces hay que darle el significado de prerrogativa de que pueden ser titulares las personas, ya sean físicas (seres humanos), morales (jurídicas), privadas o públicas. Los estudiantes de ciencias jurídicas y los profesionales de la toga y el birrete tienen que manejar esos conceptos al dedillo. Los demás miembros de la sociedad los sufren o los disfrutan, según les vaya en la vulgar feria cotidiana, sin necesidad de hacer distinciones intelectuales entre esos términos.
Pero profundizar académica y cognitivamente en esos vocablos técnicos-jurídicos nos llevaría a muchas disquisiciones. Como muestra, basta un botón: Pensar en Derecho con rigor científico implica analizar y distinguir lo que es el Derecho propiamente dicho de lo que es el Derecho positivo u ordenamiento legal que norma una sociedad dada. Esto se podría complejizar hasta el infinito de las clasificaciones académicas, especulaciones teóricas y la retórica forense. Ahora bien, por hoy solo nos interesa saber que el Derecho expresa el sentido más alto de justicia social. Contiene normas, valores y principios que aspiran a garantizar la dignidad humana en todas sus manifestaciones. Es un ideal de lo que deben ser en la práctica las relaciones jurídicas. En la actualidad de nuestro país, la Constitución vigente encarna gran parte de esa noción de Derecho. Y el sistema legal concreto o Derecho positivo, como se le quiera llamar, puede ser lo más injusto del mundo. Especialmente cuando no se constitucionalizan los procesos judiciales ni las demás actividades de la vida social. Por eso debemos alejarnos del juez positivista y dogmático que no le interesa ni aprender ni aplicar la Norma Sustantiva. Hay que cuidarse de él como de un virus contagioso y mortal.
Ciertamente, así es. El Derecho positivo de un país es un instrumento político. Es la suma de las normas jurídicas que sustentan y legitiman su sistema social, político y económico. Siempre tiene vocación de eternizarlo. Si los ciudadanos son oprimidos o las grandes mayorías se mueren por no poder satisfacer los requerimientos elementales de la vida, como comida, salud, vivienda, vestido, educación, trabajo, seguridad, recreación, transporte, etc., entonces ese sistema es muy malo en su totalidad. Merece ser cambiado desde la raíz. No basta reformarlo. Hasta la rebelión contra él está justificada como necesaria y obligatoria para los hombres y mujeres de buena voluntad frente al bien común.
Las universidades, en sus facultades de Derecho y ciencias políticas, como regla, enseñan simplemente las nociones generales del sistema jurídico nacional. Aprender y aprehender el Derecho, no la simple legalidad, es tarea para los que aspiran a ser mucho más que abogados gana pan. Es tarea pendiente.
