El Ministerio Público anunció que desmanteló una estructura delictiva dedicada al soborno, el director del Instituto de Tránsito y Transporte (Instrant) se querelló contra ejecutivos de una empresa por intentar sobornarlo, y la Contraloría General detectó graves anomalías en un contrato de emisión de licencias de conducir.

La “Operación Lobo”, emprendida por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (Pepca) contra una que distribuía dinero para conseguir la contratación y mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas, indica que la corrupción nunca duerme.

Según las autoridades, 14 personas fueron arrestadas en torno a ese supuesto entramado que habría afectado al Instituto de Atención Integral (Inaipi), Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las tres empresas distribuidoras de electricidad, con el ofrecimiento de sobornos para obtener los contratos de seguridad privada.

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La palabra soborno se repite en la querella que indicó el director del Intrant, Milton Morrison, contra el presidente de la empresa Dekolor, Rogelio Uruña, por la presunta intención de ofrecerle un millón de dólares para favorecerlo con el nuevo contrato de expedición de licencias de conducir.

En la querella presentada ante la Pepca el funcionario dijo que el empresario también le habría ofrecido el pago de tres millones de pesos mensuales durante cinco años para continuar como adjudicatario del referido contrato, sobre el cual la unidad antifraude de la Contraloría General reveló que detectó “graves irregularidades”.

El Intrant fue centro de otro escándalo con la adjudicación de un contrato a la empresa Transcore Latan para la instalación de semáforos inteligentes y cámaras en el Gran Santo Domingo, por un monto de más de mil 300 millones de pesos, suspendido por la Dirección de Contrataciones Públicas por alegadas irregularidades.

No se entiende porqué la Dirección de Contrataciones Públicas no pudo detectar o prever “las graves irregularidades” contenidas en el expediente entregado al Ministerio Público por la Contraloría General, incluido “pagos realizados sobre la base de adendas que no fueron registradas en el sistema”.

La supuesta estructura dedicada al soborno en instituciones públicas, la querella presentada por el director del Intrant sobre intento de soborno, y el informe de la Unidad Antifraude en torno a anomalías en la ejecución del contrato sobre expedición de licencia de conducir, constituyen desafíos que el Ministerio Publico debe afrontar con independencia, diligencia y firmeza.