Esta es la hora y el día cuando aún el Ministerio Público ni la Policía han ofrecido alguna declaración mínimamente convincente sobre la ejecución de dos miembros de la Armada Dominicana y de un agente de esa institución, por miembros de la Dirección de Investigaciones Criminales (Dicrim), en el kilómetro 12 de la autopista 30 de Mayo.
Un video de aficionado captó el momento cuando los agentes de la Dicrim apresan y colocan esposas a los dos militares y al policía, quienes luego fueron declarados muertos a balazos durante un supuesto “intercambio” de disparos en el que ninguno de los efectivos policiales resultó herido.
Lo que han dicho las autoridades es que Sandro Miguel García y Nicolás Eladio Buten, miembros de la Armada Dominicana, el policía Joel Emilio Rodríguez Silva, y el sobreviviente de la alegada balacera, Michael José Constanza Piña, pertenecían a una banda dedicada a secuestrar y extorsionar personas.
Aunque se afirma que los ejecutados y el sobreviviente eran perseguidos por la comisión de varios hechos criminales, incluido el secuestro de un comerciante en la zona este, la Policía ni la Fiscalía han ofrecido mayores detalles sobre la participación de militares y policía en esos casos.
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No se pone en duda la versión oficial sobre la existencia de una banda dedicada al sicariato, extorsión y secuestro, ni que en ese grupo participaran miembros de la Armada o agentes policiales. Lo que se reclama es explicar por qué tres personas detenidas e inmovilizadas habrían sido ejecutadas.
Hay razones para creer que las autoridades pretenden “dar tiempo al tiempo” antes de ofrecer alguna justificación sobre el irrefutable hecho de que dos militares y un policía fueron apresados vivos y viables, antes de que se escenificara un supuesto intercambio de disparos durante el cual habrían sido abatidos.
La Policía informó que ocupó a los ejecutados cuatro pistolas y un fusil, así como documentos sobre planes que pretendían ejecutar en las próximas horas, para lo cual usarían indumentarias de la Dirección Nacional de Control de Drogas ( DNCD), lo que tampoco se refuta.
Sin más dilación ni subterfugio, el Ministerio Público y la Policía están compelidos a admitir que dos militares y un agente de esa institución fueron apresados vivos, inmovilizados, como se comprueba en el video que captó esa escena, y luego, quién sabe por qué, ejecutados. Este caso no debe irá a parar al barril del olvido.
