POR: Antonio Almonte
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Impunidades

No pasa un día sin que se denuncie algún caso de impunidad en la sociedad dominicana. Es decir, algún hecho grave de corrupción política probada o evidente, que queda sin persecución y sanción, o de un caso de drogas en el que solo aparecen los bultitos de coca sin dueños, caídos del cielo.

La impunidad que en esos casos se denuncia es la de tipo jurídico, la ausencia de sometimiento, juicio y condena; la critica denuncia también el entramado de complicidades que la protege.

Sobre eso se ha escrito y hablado mucho en nuestro país, especialmente en los últimos anos.

Ahora bien, para mí, la más grave variante de la impunidad es la de tipo social, la impunidad social que se expande y que podría tener consecuencias peores que la simple impunidad jurídica

En mi adolescencia, la peor condena para un ladrón era la social, el rechazo de su comunidad lo convertía en un apestoso desagradable. Pasaban décadas y esa condena flotaba en su imagen, como una coletilla negra, como una mancha indeleble.

Era impensable, por ejemplo, que en San Francisco de Macorís, su Alcalde, acusado de robo a mansalva contra su ayuntamiento, fuera recibido por las masas como un héroe patriótico.

Pero, en estos días, el mayor ejemplo de impunidad social y jurídica lo ha representado un grupito de «líderes y consejeros políticos» que ajetrean con Miguel Vargas: impunemente han excluido de su partido a casi un millón de militantes !y no pasa nada!

A veces pienso que la sociedad dominicana ha caído en un éxtasis de estupidez colectiva. Porque las Altas Cortes, por ejemplo, les cuestan un dineral al pais y hasta la fecha poco trigo han dado, si alguno ¿ Para qué sirve el Tribunal Superior Electoral, por ejemplo?

Por suerte, Carlo M. Cipolla murió sin conocer la Republica Dominicana de hoy, de lo contrario hubiera utilizado algunos casos locales para ilustrar convincentemente sus famosas Cinco Leyes Fundamentales de la Estupidez Humana (Allegro ma non troppo, 1996). Naturalmente, que con lo del grupito del PRD «institucional» habría que añadir una sexta ley.