Baní. – La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), en coordinación con la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, realizó este jueves una visita de verificación y monitoreo al ayuntamiento de Baní, como parte de las acciones para fortalecer la transparencia en el uso de los recursos del Estado.

REVISIÓN DE PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Durante el encuentro con las autoridades municipales, los equipos técnicos revisaron documentación relacionada con los procesos de compras y contrataciones ejecutados por la gestión local, con el fin de constatar el cumplimiento de la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas.

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN LOS GOBIERNOS LOCALES

La visita forma parte de las acciones conjuntas que ambas instituciones vienen desarrollando para garantizar que la administración de los recursos públicos se ejecute bajo los principios de transparencia, eficiencia y rendición de cuentas.

CARLOS PIMENTEL DESTACA IMPORTANCIA DE LA SUPERVISIÓN

El director general de la DGCP, Carlos Pimentel, afirmó que el trabajo articulado con la Unidad Antifraude fortalece los mecanismos de prevención, control y sanción frente a posibles irregularidades en la gestión pública.

“Nuestra responsabilidad es velar porque cada proceso se realice en estricto apego a la ley, fortaleciendo así la confianza ciudadana en las instituciones”, expresó Pimentel.

LEÓNIDAS PEÑA RESALTA EL ROL DE LA UNIDAD ANTIFRAUDE

De su lado, Leónidas Peña, encargado de la Unidad Antifraude, señaló que estas verificaciones son esenciales para asegurar que los recursos municipales se administren con probidad.

“El acompañamiento y la supervisión contribuyen no sólo a detectar posibles irregularidades, sino también a fortalecer la capacidad institucional y la cultura de cumplimiento en los gobiernos locales”, indicó.

COMPROMISO DE LA DGCP

La DGCP reiteró su compromiso de acompañar y supervisar a las entidades del Estado en la aplicación de las normas de contrataciones públicas, al tiempo que reafirmó su disposición de colaborar con los órganos de control y persecución en toda investigación destinada a proteger el buen uso de los fondos públicos.