El caso del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) sobre alegadas ilegalidades cometidas en un proceso de licitación, servirá de lección a los funcionarios públicos, consideró el titular de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel, quien advirtió hoy a las autoridades estar atentas a los procesos que envuelven montos importantes de dinero, prestando atención a las comunicaciones y correos preventivos que les envía ese organismo estatal.

Marco de legalidad

Pimentel consideró que los contratos por importantes y urgentes que sean deben someterse al marco de la legalidad, y que no deben servir para el enriquecimiento de nadie.

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“Hemos visto muy recurrente que cuando no se escucha lo que estamos planteando de manera preventiva, sea por correo o por comunicación, las cosas no termina bien. Yo creo que el caso del Intrant servirá de lección”, precisó Pimentel.

Verificación

Para el titular de la DGCP, el caso del Intrant deja varias lecciones, “porque no es suficiente la verificación de una oferta técnica y económica, si no se verifica e indaga la veracidad de la documentación recibida.

“Yo pienso que las máximas autoridades, independientemente deleguen su representación en el Comité de Compras, deben estar atentas a esos procesos cuando envuelven montos importantes, tratando de preguntar y de cuestionar”, enfatizó.

Caso Intrant

Entrevistado en el programa El Día, que se transmite por Telesistema, canal 11, el funcionario explicó que dos de los peritos actuantes coincidieron en el tiempo trabajando con el señor Pedro Vinicio Padovani Báez, exanalista de movilidad sostenible de esa entidad, conforme registros de nómina, es socio mayoritario de la empresa Transcore Latam, SRL., beneficiaria del contrato por más de 1,317 millones de pesos que fue suspendido recientemente por la Dirección General de Contrataciones Públicas, debido a irregularidades que detectó en la licitación del Intrant, por lo que ahí se detectan posible riegos.

La pasada semana la DGCP suspendió el Registro de Proveedor del Estado (RPE) a Transcore Latam S.R.L., empresa a la que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) adjudicó un contrato de 1,317 millones de pesos para la instalación de la red semafórica del Gran Santo Domingo.