Víctor Díaz Rúa en una de la audiencia del caso Odebrecht.
El ingeniero Víctor Díaz Rúa rechazó este martes ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que haya violado la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones Públicas, al firmar con el consorcio Odebrecht varias modificaciones (adendums) para las construcciones de las carreteras Corredor Duarte, Casabito-Constanza, El Río-Jarabacoa, Túnel de la UASD y los acueductos de la Línea Noroeste y Samaná.
Ramón Núñez, quien junto a Miguel Valerio y Laura Rodríguez forman parte del consejo de defensa de Díaz Rúa, dijo que las modificaciones en cuestión no sobrepasan el 25 por ciento de los montos originales de los contratos, como lo establece la citada ley de compras y contrataciones públicas.
Al entender de Núñez, no es cierto lo expresado por el Ministerio Público, de que con dichos adendums firmados por Díaz Rúa cuando era ministro de Obras Públicas y director de Inapa, se violentó la Ley de Compras y Contrataciones Públicas.
Núñez defendió a Díaz Rúa de las acusaciones de corrupción que les hace el Ministerio Público en el caso Odebrecht por las modificaciones que firmó para las construcciones de las citadas obras.
En específico, el Ministerio Público acusa a Díaz Rúa de violar la Ley de Compras y Contrataciones Públicas con los adendums por valor de 63 millones 499 mil 981 dólares con nueve centavos que firmó con Odebrecht para la construcción del túnel de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Núñez refirió que se trató de un caso de excepción, contemplado en dicha ley de Compras y Contrataciones Públicas, por lo que entiende que Díaz Rúa no incurrió en ningún tipo de violación.
Por igual, señaló que Díaz Rúa no incurrió en violación de la precitada ley al firmar con Odebrecht el primer adendum para la construcción del Corredor Duarte.
“El primer adendum del corredor Duarte no superó el umbral del 25 por ciento. El hecho de que se aumentara el monto de la obra en 40 millones 570 mil 765 dólares con 98 centavos, no supone un incremento mayor al 25 por ciento. Ni siquiera para el derecho sancionador administrativo es relevante”, dijo.
