Como incongruente, impreciso, pobre, incoherente y emocional fue calificado este lunes por la defensa del ingeniero Víctor Díaz Rúa el discurso de cierre de debates del Ministerio Público en el juicio de fondo que se conoce a los imputados de recibir y repartir los 92 millones de dólares en sobornos que el consorcio Odebrect confesó haber pagado en República Dominicana.

Miguel Valerio, que junto a Laura Rodríguez y Ramón Núñez conforman el consejo de defensa de Díaz Rúa, dijo que en su discurso de cierre, el Ministerio Público no demostró absolutamente nada, por lo que vaticinó que el tribunal no tendrá otra opción que no sea descargar a su defendido.

La defensa de Díaz Rúa inició este lunes la fase de cierre de discurso, en el juicio de fondo que por el caso Odebrecht se les conoce junto a los demás acusados Ángel Rondón, Andrés Bautista, Conrado Pittaluga, Tommy Galán y Juan Roberto Rodríguez.

Valerio declaró que en su discurso de cierre, el Ministerio Público no pudo responder varias interrogantes elementales, como son dónde, cuándo y a quiénes se pagaron los sobornos.

Manifestó que se trata de un expediente de maldad, y puso como ejemplo que en su página 11 figura la planta a carbón Punta Catalina, sin que hasta la fecha se haya hecho nada al respecto. Sostuvo que el Ministerio Público ha pretendido hacer creer que las adendas de construcciones de obras que se hicieron en la gestión de Díaz Rúa en Obras Públicas fueron sobornos, lo que no se corresponde con la realidad.

Puso como ejemplo las adendas que se hicieron en el contrato para la construcción del acueducto de Samaná, las cuales fueron firmadas por el ingeniero Mariano Germán y Odebrecht, quienes no figuran en el expediente acusatorio.

Declaró que se trata de una incongruencia por parte del Ministerio Público, puesto que esas personas solo figuran en el expediente como testigos.

Dijo que por tal razón, las adendas no pueden ser valoradas por el tribunal como pruebas de sobornos para condenar a los imputados.

Valerio le observó al tribunal que el expediente tiene dos realidades parciales, en vista de que se refiere a casos de corrupción ocurridos entre el 2002 y el 2014, sin que en la pieza acusatoria figuren los hechos ocurridos en los años 2012 y 2014.