Más de 700 mil adolescentes que no estudian ni trabajan, así como la complicidad de agentes policiales con la delincuencia que opera en los barrios de mayor vulnerabilidad, serán los principales escollos que encontrará el Plan de Seguridad Ciudadana que ejecuta el Gobierno del presidente Danilo Medina.

La opinión es de dirigentes de seis organizaciones comunitarias que trabajan en los barrios marginados de la capital, cuyos dirigentes aseguran que el plan gubernamental no toca la raíz del problema, que es la falta de oportunidades, desigualdad social y la impunidad.

El criterio fue externado por Ana Vertilia Cabrera, presidenta de la Asociación de Comités de Amas de Casa; Gabino Hernández, coordinador de Acción Comunitaria para el Progreso (Acopro); Román Batista, director ejecutivo de Ciudad Alternativa; Danilo de la Cruz, coordinador del Comité de Organizaciones Barriales de la Zona Norte; Chichí González, coordinador del Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (Copadeba) y Roberto Abreu, coordinador del Comité de Organizaciones Comunitarias para el Desarrollo de Los Alcarrizos.

Los dirigentes comunitarios hablaron en el almuerto del Grupo de Comunicaciones Corripio.

Consideraron que no es posible enfrentar la violencia y el crimen en una población desempleada y hambrienta, carente de los servicios elementales de salud, educación y vivienda.

Vaticinaron el fracaso del Plan de Seguridad Ciudadana porque, a su juicio, está cimentado en la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), cuyos agentes llegan a los barrios a buscar dinero y a proteger a los traficantes que pagan peajes.

Opinaron que un plan para enfrentar la criminalidad debe incluir todos los sectores nacionales además de estar amparado por un diagnóstico de la realidad social de los barrios.

Expresaron que a las autoridades les preocupa la criminalidad porque cruzó las fronteras de los barrios marginados y se trasladó hacia sectores de clase media y alta.

Los jóvenes en los barrios no tienen norte, no tienen empleo, y eso tiene que explotar por alguna vía, eso es lo que tienen que ver los mentores del Plan de Seguridad, afirmó Danilo de la Cruz.

Agregó que La Policía sigue macuteando en los barrios, en los callejones, debajo de los puentes, y la DNCD apresa jóvenes que no son narcotraficantes para que crean que trabaja, y los fiscales irresponsables avalan eso porque muchos operativos se hacen sin la presencia del Ministerio Público.

De su lado, Gabino Hernández expresó y esto hay que decirlo, lo que tenemos en los barrios es una policía violenta, mal pagada, que sale a las calles a buscársela igual que los delincuentes.

Cuestionó que el Estado invierta sumas multimillonarias, que obtiene a través del pago de los impuestos de todos los dominicanos, para construir modernos hospitales que luego privatiza, como es el caso del traumatológico Ney Arias Lora, en Sabana Perdida. Afirmó que los pobres no tienen acceso a los servicios de salud de ese centro si no tienen un carnet de la Seguridad Social o paga los servicios por adelantado.

Precisó que muy pocos ciudadanos disponen de un carnet en una nación llena de desempleados.

Aseguró, además, que los servicios en ese centro son altamente costosos, impagables para personas pobres.

Ana Vertilia Cabrera consideró que la situación de miseria y pobreza se incrementó en los barrios luego de la reforma fiscal implementada por el presidente Danilo Medina.

UN APUNTE

El crimen indetenible

Roberto Abreu, coordinador del Comité de Organizaciones Comunitarias para el Desarrollo de Los Alcarrizos, indicó que la criminalidad alcanzó en ese sector niveles tan alarmantes, que hay una escuela que para despachar los alumnos a sus casas tiene que contar con la presencia de la Policía para garantizar que lleguen vivos y sanos.

Indicó que al hospital Vinicio Calventi llegan diariamente unas 300 emergencias producto de la violencia y la criminalidad.