La maniobra utilizada para estafar al Estado en el caso Calamar consistía en hacer que el 80%) de los montos pagados por deudas administrativas fraudulentas de las cesiones de crédito, recayeran en las mismas personas físicas y jurídicas que formaban parte del entramado de corrupción.

El dato está consignado en la acusación depositada por el Ministerio Público por ante la Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.

Indica que el grupo utilizó el organigrama del Estado para crear la estructura criminal a partir del Ministerio de Hacienda, Contraloría General de la República, Dirección General de Bienes Nacionales, Consejo Estatal del Azúcar, Dirección General de Catastro Nacional, Banco de Reservas y Dirección General de Presupuesto.

Indica que con ese propósito, los imputados crearon un programa de financiamiento de contratistas, que le costó al Estado más de 21 mil millones de pesos, en el que el total de los pagos se elaboraron en violación a la ley y las reglamentaciones administrativas, sirviendo el referido programa para una mega operación de lavado de activos.

Te puede interesar leer: Audiencia preliminar caso Calamar pospuesta para el 17 de junio

“Falsearon documentaciones de otros ejecutivos del Estado, para proceder al pago de los más de 21 mil millones de pesos, de forma irregular. Constriñeron a empresarios a cederle parte de su contrato, de lo contrario no seguirían siendo suplidores del Estado”, dice la acusación.

Precisa que los acusados utilizaron esquemas empresariales tradicionales para hacer operaciones de lavado de activos al más alto nivel, para cuyo fines adulteraron fechas de registros y de firmas de contratos para lavar activos a través de empresas que recibieron cantidades exorbitantes del patrimonio público, por medio de contratos de negociación simulados.

Indica que también los imputados en Calamar accedieron a préstamos y líneas de créditos, que en algunos casos excedieron los 45 millones de dólares reglamentarios, sin ninguna garantía.

Señala la acusación que, falsearon la declaración jurada de bienes para poder ocultar los fondos ilícitos que habían obtenido y que aprovecharon los conocimientos que tenían sobre el manejo de la administración pública.