Con la convocatoria de la cumbre de las fuerzas vivas el presidente Leonel Fernández se anotó una primera victoria al aplacar los escándalos que volvían a cobrar fuerza en el Gobierno. Pero el éxito mediático que marcó la apertura del encuentro, con el aplazamiento de la conversión en ley por la Cámara de Diputados del proyecto sobre la reforma de la Constitución, fue más contundente todavía.

Al cabo de algunos días los éxitos iniciales comenzaron a opacarse con múltiples propuestas que obligaron al coordinador del encuentro, el secretario de Economía, Planificación y Desarrollo Temístocles Montás, a aclarar que el Gobierno las estudiaría una por una para determinar si procede su ejecución. Entre las propuestas más polémicas que pusieron a las autoridades de la ofensiva a la defensiva figuran la asignación del 4% para educación, el 10 para los ayuntamientos, la modificación del Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos, eliminar el clientelismo, perseguir la corrupción y en las últimas horas se ha agregado la eliminación del barrilito de los legisladores.

Se trata de propuestas que ponen a prueba la sinceridad del Gobierno. Pese a la prudencia, ronda en algunos de los protagonistas el criterio de que la cumbre, además de una estrategia para ganar tiempo, puede resultar una tomadura de pelo en la medida que no se puedan ejecutar ni siquiera las sugerencias más elementales. El Gobierno puede ufanarse de haber encontrado siempre la manera de salir bien de sus maniobras e incluso de la anuencia de sectores de poder que se han prestado al juego. Pero el hecho de que en esta ocasión las condiciones pasaran inadvertidas para una de las figuras más comprometidas con el diálogo, como monseñor Agripino Núñez Collado, refleja incertidumbre. Preocupado por el incumplimiento de los acuerdos y por la suerte del dialogo como instrumento de distensión el rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra advirtió, como claro mensaje, que en la cumbre por la unidad nacional frente a la crisis mundial estaba en juego la gobernabilidad del país.

El grueso de las propuestas contiene una lectura que no admite interpretaciones: más que los efectos coyunturales en sí de la crisis internacional a los sectores que concurrieron a la cumbre con voz propia les preocupa la institucionalidad y la racionalidad administrativa. Porque de esa forma el país estaría preparado para resistir de manera automática cualquier adversidad.

Como todo es cumbre no se habla de otra cosa. La captación de la atención pública ha sido otro de los efectos positivos, sobre todo en la medida que ha relegado o silencio protestas populares y escándalos que perturbaban a la opinión pública.

Por el impacto inicial es obvio que el Gobierno se preparó para que la apertura constituyera un éxito. La disyuntiva está en encontrar una salida airosa frente a la imposibilidad de acatar consensos relacionados con el cumplimiento de la ley. La sutil confrontación de Núñez Collado y el secretario de Economía evidencia que el problema no se reduce a estrategias mediáticas. Con todo y que se dice que cada uno de los acuerdos serán acatados por el Gobierno el fantasma de la desconfianza ha vuelto a rondar en torno al encuentro.

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