El Gobierno tiene la intención de adherirse al Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, que se firmará en Marruecos los días 10 y 11 de este mes, y sobre cuyo contenido muchos países consideran que desataría un oleaje migratorio en todo el mundo.
La Organización de Naciones Unidas (ONU), que auspicia ese convenio, admite que no es vinculante ni de membresía obligatoria, pero advierte que se trata de un “poderosísimo” instrumento político, que causaría pérdida de credibilidad internacional a las naciones que no se adhieran.
República Dominicana aprobó ese pacto en julio pasado, por lo que se da por seguro que también participará en el protocolo de firma con lo cual se obligaría a cumplir cabalmente su contenido, que sería contradictorio con la Constitución y con sentencias sobre temas migratorios emitidas por el Tribunal Constitucional.
Naciones que se oponen a ese convenio advierten que incitaría a millones de personas de regiones en crisis a emigrar en masa, lo que provocaría otra crisis como la que afectó a Europa en 2015, cuando sólo en Alemania casi dos millones de migrantes solicitaron refugio.
Ese convenio obligaría a los Estados firmantes a garantizar a quienes ingresen a sus territorios, documento de identidad, acceso al empleo, a la salud, vivienda, así como proveerle facilidades ante un posible retorno a sus lugares de origen.
El argumento de que las reglamentaciones contenidas en ese documento alentarían inusuales oleajes migratorios, se aplica también para República Dominicana, que comparte la isla Hispaniola con otra nación asolada por una crisis económica, social, política e institucional que se agrava cada día.
Puede decirse que el Estado dominicano no tendría capacidad para afrontar un brote migratorio como el que se advierte podría desatarse desde Haití al amparo de ese convenio, más aun cuando grandes metrópolis impulsan el proyecto de una isla indivisible.
Lo mejor sería que el Gobierno consulte a la población sobre los peligros que para la soberanía nacional acarrearía ese pacto, el que ya han repudiado Estados Unidos y más de una docena de países europeos, sin importar la velada amenaza de la ONU, de que se trata de “un poderosísimo instrumento político”, que no se puede rechazar.
