Con la instrucción impartida a directores regionales y distritales de inscribir a todos los alumnos que requieran ingreso en escuelas públicas, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, procura cumplir con la Constitución de la República que establece que toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad y permanente.

El Gobierno está absolutamente compelido a garantizar para el próximo año escolar cobijo a los estudiantes de educación básica y pre universitaria en planteles educativos, sin excusas ni excepción, así tenga que mover cielo y tierra.

Como si el déficit de aulas no fuera un problema serio que obliga a acelerar el programa de habilitación de escuelas, resulta ahora que el Instituto de Bienestar Estudiantil (Inabie) ha tenido que cancelar al menos 20 contratos para la adquisición de útiles escolares por irregularidades en los procesos de licitación.

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La Unidad Antifraude de la Contraloría General y la Dirección de Contrataciones Públicas (DGCP) presentaron un informe sobre violación a la ley en la adjudicación de esos contratos, por lo que el Inabie desvinculó a nueve colaboradores que participaron en las licitaciones.

Otro problema que confronta la apertura del nuevo año escolar es la venta ilegal de kits con útiles escolares que distribuye el Inabie entre estudiantes de escuelas públicas, lo que motivó que el Instituto de Protección al Consumidor advirtiera que sometería a la justicia a quienes incurran en esa práctica delictuosa.

Aunque el ministro De Camps refiere que el Gobierno garantizaría cupo estudiantil en zonas de alta demanda educativa, como el Gran Santo Domingo y la provincia La Altagracia, debería entender que la Carta Magna no excluye el derecho a la enseñanza por residir en zonas geográficas de alta o baja densidad.

Las autoridades deberán suplir la demanda de aulas escolares, de profesores, personal de apoyo, uniformes, útiles escolares, desayuno, merienda, almuerzo y transporte escolar, lo que debe ser posible con el uso racional y eficiente del 4 % del PIB a la educación.

Nada justificaría que un solo niño o niña quede excluido del sistema de enseñanza pública o que se obligue a familias en situación de vulnerabilidad económica a recurrir a la educación privada. Esta vez la comunidad educativa reclama firmemente que se cumpla a pie de letra con el precepto constitucional que garantiza el derecho universal a la educación básica y preuniversitaria.