Impotencia e indignación marcaron a los familiares de las víctimas en el primer día de audiencia del juicio preliminar seguido contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, acusados de ser los responsables del colapso del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el 8 de abril de 2025.

La rabia de los querellantes inició en las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y se extendió incluso hasta el salón de audiencias del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, donde la diputada Lidia Pérez, hermana del fenecido artista Rubby Pérez, no pudo contenerse y le vociferó “abogado del diablo” al defensor de los imputados.

La conducta de la legisladora fue de inmediato reprochada por el juez Raymundo Mejía, quien le advirtió que estaba irrespetando la solemnidad de la audiencia y que no permitiría ese tipo de comportamiento.

Mejía fue enfático al señalar que la justicia debe impartirse en un ambiente de respeto, independientemente de la naturaleza de los delitos que se juzguen.

Audiencia del caso Jet Set se aplaza al 16 de marzo por falta de notificación a querellantes sobre la acusación

“Esto es un proceso penal, no un escenario de ataques”, le advirtió el juez Mejía a la diputada.

“Esto es un proceso penal. Aquí no vamos a permitir que se le falte el respeto a nadie absolutamente. Sabemos que hay muchas emociones, pero vamos a llevarlo en paz”, expresó el magistrado.

“Este tribunal no evalúa responsabilidad penal. El tribunal no va a determinar si esos señores son culpables o no. En la audiencia preliminar se evalúa la suficiencia de la acusación basada en las pruebas y cualquier cuestión incidental que surja”, aclaró el magistrado.

La audiencia se convirtió en una escena de dolor y reclamo de justicia por parte de familiares y amigos de las víctimas.

Para evitar confrontaciones entre las partes, la Policía Nacional acordonó las áreas de entrada y salida del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

“Antonio, asesino, te llevaste lo mejor de mi vida, mataste a mis hijos”, le vociferó uno de los querellantes al acusado Antonio Espaillat, en el momento en que este se disponía a entrar a la sala de audiencias.

La audiencia fue aplazada para el 16 de marzo, tras acoger un pedimento de los abogados de las víctimas y querellantes, quienes alegaron que no fueron notificados de la acusación. Asimismo, el juez ordenó al Ministerio Público disponer de un plazo de 10 días para organizar y notificar formalmente la acusación a todas las partes involucradas en el proceso.