LA PAZ, EFE.- El caso de corrupción en la estatal YPFB, que dirige la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia y aporta al Estado sus mayores ingresos, ha ensombrecido la gestión de Evo Morales y el futuro económico de un país que vive prácticamente de la venta de gas natural.

Desde 2006, el presidente Morales ha intentado convertir a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en el buque insignia de su modelo económico estatal y en el motor de la lucha contra la pobreza, pero la empresa vive hoy una gravísima crisis.

YPFB está intervenida desde el lunes por autoridades del Gobierno y fiscales y sometida a una investigación del Senado, tras el relevo de su presidente Santos Ramírez que ha sido reemplazado por Carlos Villegas, el sexto responsable de la petrolera en tres años.

Ramírez se encuentra en medio de una tormenta política desatada cuando el empresario boliviano Jorge O’Connor, con cuya compañía firmó en 2008 un contrato por 86 millones de dólares, fue asesinado por unos asaltantes que le robaron 450.000 dólares procedentes de las arcas de YPFB.

En el momento del crimen, O’Connor entraba con ese dinero a una casa de La Paz propiedad supuestamente de la familia de Jovanna Navía, esposa de Santos Ramírez y diputada suplente del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS).

Según sospecha la oposición, este empresario iba a pagar una comisión ilegal por el contrato adjudicado a su compañía.