Agentes de cambio, dealers de vehículos e inversionistas inmobiliarios de la región este del país se encuentran bajo la lupa de la Unidad de Lavado de Activos, informó este lunes el coordinador de ese organismo dependiente de la Procuraduría General de la República.

En consecuencia, Germán Miranda Villalona, les recomendó poner sus cuentas claras, ya que se investiga a varias personas con relación a unos títulos falsos de propiedad valorados en más de 30 millones de pesos en Bayahíbe, La Romana.

El funcionario judicial adelantó que sobre el caso será apoderada la Fiscalía del Distrito Nacional, para que presente cargos contra unos abogados que poseen títulos falsos de esos terrenos incautados a unos rusos y que se presume provienen del lavado.

Villalona insistió en advertir a todos los sectores que actúan en esa región, llámense agentes inmobiliarios, abogados, contables, registradores de títulos, agencias bancarias, que tienen que cumplir con lo que manda la Ley de Lavado de Activo, ya que será insistente y radical en ese sentido.

Este lunes serían enviados a la cárcel de Najayo, San Cristóbal un auditor de la Suprema Corte de Justicia, otros tres empleados judiciales y un abogado, para cumplir tres meses de prisión preventiva como medida de coerción dictada en su contra, involucrados con una banda que se dedicaba a la falsificación de títulos inmobiliarios.

Los enviados a prisión fueron el auditor Giovanny Santana, los empleados judiciales Oliver Fiallo, Henry Melenciano y Walter Lendof, así como el abogado Carlos Vásquez Parra.

Por el mismo caso, la jueza de la Atención Permanente del Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Keyla Pérez, impuso una garantía económica de un millón de pesos al teniente coronel de la Policía, Luis Emilio Gutiérrez, y otra de 50 mil pesos a Edwin Sánchez, otro de los implicados en el expediente, que alegaron inocencia ante la magistrada.

A Edwin Baquero, sindicado como cabecilla de la banda, no le fueron conocidas medidas de coerción, por encontrarse hospitalizado.