En el contexto internacional ha sido una preocupación permanente el trato que se les da a los adolescentes que infringen la Ley Penal. Al ser personas menores de edad, en proceso de formación y desarrollo, no pueden recibir el mismo tratamiento que el adulto que comete un delito.

La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 40 se refiere a los derechos de los jóvenes en conflicto con la Ley Penal y compromete a los estados partes a que promuevan el establecimiento de un sistema de justicia aplicable específicamente a las personas que no hayan cumplido los 18 años.

De ahí la importancia del acuerdo firmado recientemente entre el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para poner en marcha en el país un programa orientado a jóvenes y adolescentes privados de su libertad.

La firma del convenio se produjo en un momento crucial para el sistema penitenciario dominicano, ya que el mismo se lleva a cabo en el marco de la implementación del Plan de Humanización que tiene por objetivo introducir las reformas carcelarias que requiere el sistema de justicia dominicano.

Tanto Almagro como el procurador dominicano coincidieron en afirmar que el convenio contribuirá a que los adolescentes privados de libertad logren una verdadera rehabilitación y se reintegren exitosamente a la sociedad luego de cumplir sus penas.

Actualmente, unos 500 menores de edad permanecen privados de libertad en distintos centros a nivel nacional y cada semana alrededor de 60 son sometidos ante los Tribunales Especializados.

Sabemos que el capítulo de Unicef para República Dominicana ha venido apoyando a través de la Escuela de la Judicatura, la Escuela del Ministerio Público y la Comisión para la Ejecución de la Vida Judicial de Niños, Niñas y Adolescentes (CEJNNA) acciones de capacitación, fortalecimiento institucional y de movilización social.

Es seguro que las acciones de la OEA y de la Procuraduría General de la República redundará en beneficio de estos adolescentes y de todo el sistema de justicia y penitenciario en el país.