El asesinato de la segundo teniente del Ejército Nacional, Zuleika Ponciano Solano, ocurrido a principios de esta semana en el sector El Tamarindo, municipio Santo Domingo Este, ha llenado de indignación a la sociedad dominicana, pues forma parte de una ola de hechos de sangre, que afecta por igual a militares, tres de los cuales habían sido ultimados, hasta el pasado Jueves, y otros cinco heridos, en distintos sucesos acaecidos en el país, así como a civiles.
Se pide un castigo ejemplar para estos delincuentes, y en ello han coincidido tanto el Presidente Danilo Medina como el presidente del Senado, y secretario general del P.L.D., Reinaldo Pared Pérez, quienes con toda razón han pedido actuaciones más enérgicas por parte de nuestros tribunales.
En el caso del asesinato de la oficial del Ejército adscrita al Departamento Nacional de Investigaciones y escolta de la hija menor del Jefe del Estado, simplemente para robarle su arma de reglamento, se ha puesto de relieve que uno de los dos acusados, que ya está detenido, había sido puesto en libertad bajo fianza por un tribunal colegiado de la provincia de Santo Domingo, hace apenas quince días, luego de pagar una fianza, o garantía económica como le llama ahora el Código Procesal Penal.
Es evidente que no solo es necesario dotar de mejores equipos a la Policía y enviar militar a reforzar el patrullaje de las calles para ofrecer mayor seguridad a los ciudadanos honestos y trabajadores, sino además de que nuestros jueces actúen con mayor energía a la hora de sancionar a estas escorias sociales, que matan o se dedican al narcotráfico o consumo de drogas.
El argumento de que de las siete medidas de coerción que contempla este Código Procesal, importado desde el extranjero por fuerzas que quieren dirigir nuestros destinos sociales, con el auxilio de sectores criollos que supuestamente están interesados en la defensa de los derechos humanos y en contra de los excesos de la fuerza pública, la cárcel deber ser solo aplicada en casos extremos, carece de sustentación, ya que solo sirve para aumentar la reincidencia de criminales sin conciencia.
Tienen toda la razón, tanto el Presidente Medina como el presidente del Senado al pronunciarse como lo han hecho a raíz del asesinato de esta joven oficial del Ejército, cuya carrera fue tronchada apenas a los 26 años de edad, y cabe esperar que sus palabras no caigan en el vacío, por lo cual el Consejo Nacional de la Magistratura debe mantenerse alerta ante determinados magistrados, proclives a dar mayor importancia a la protección de los delincuentes que a los ciudadanos que con víctimas de sus atropellos, sin que con ello querramos privar de su independencia de criterio a los magistrados encargados de aplicar las leyes penales.
Hay que modificar, en cuánto sea necesario, no solo el Código Penal que está en proceso de aprobación en el Congreso, para endurecer las penas, como se ha propuesto, sino también el Código Procesal Penal, para defender con energía a la sociedad, que no puede caer víctima de antisociales cuyo número aumenta día a día. Y hasta la próxima semana, con más Jerez y más Whisky.
