Un grupo de 50 auditores, de 60 cancelados de la Cámara de Cuentas en el 2010, denunciaron que esa entidad todavía no les ha pagado sus prestaciones como ordena la Ley de Función Pública.

Dijeron que la entidad sólo les ha pagado a los cancelados que no demandaron en los tribunales. El expediente se conoce en la Suprema Corte de Justicia.

En una comunicación enviada a la dirección de El Nacional se quejaron de que no han recibido sus liquidaciones a pesar de que la presidenta de la Cámara de Cuentas, doctora Licelott Marte de Barrios, recibió del ministro de Administración Pública, licenciado Ramón Ventura Camejo, el reporte con los cálculos de las prestaciones de cada uno.

El documento, que firman los ex auditores Nelson Frías, Cecilio Rafael Mateo y Silvestre Hernández, precisa que se les prometió el 8 de junio de 2010 que les pagaría tan pronto recibieran el reporte del Ministerio de Administración Pública.

Responsabilidad civil

Sostuvieron que Marte de Barrios podría tener responsabilidad civil por los daños económicos, de salud y emocionales que han sufrido algunos de los perjudicados. Dijeron que esto está amparado en el artículo 90 de la Ley 41-08 de Función Pública.

El citado artículo indica: El Estado y el servidor público o miembros del organismo colegiado actuante serán solidariamente responsables y responderán patrimonialmente por los daños y perjuicios causados por la acción u omisión del funcionario actuante.

Los cancelados sostuvieron que el pleno de la Cámara de Cuentas les mintió al alegarles que esa entidad estatal carecía de recursos para entregarles sus indemnizaciones, ya que fruto de la reducción de personal esa dependencia disponía de más de 150 millones de pesos.