Fue porque la Secretaría de Interior y Policía y la Dirección General de Migración certificaron que en sus archivos no figura como deportado, que un juez ordenó la renovación de la licencia de un arma de fuego a un hombre que las autoridades alegan que es un repatriado de la justicia estadounidense.

En otro caso fue porque no tiene asuntos pendientes con la justicia dominicana que otro juez también ordenó que le renovaran su licencia de arma y le retiraran la ficha a un alegado deportado.

En el primer caso, se se trata de Santiago Pastor Batista Valera, de quien el Secretario de Interior y Policía, licenciado Franklin Almeida, se quejó de que el juez José Eduardo Sánchez Ortiz, de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, ordenó que le renovaran la licencia de una pistola.

En un recurso de amparo presentado por ante dicho tribunal, Batista Valera contó que se presentó al ministerio de Interior y Policía a renovar la licencia de su arma de fuego y que se lo negaron, porque alegadamente figuraba en los archivos de esa institución como deportado.

La resolución del tribunal dice que, sin embargo, Batista Valera, en contraposición a dichos alegatos, depositó como prueba la certificación No. RS/009 de fecha de enero del año dos mil nueve emitida por la Dirección General de Migración, como dependencia de la Secretaría de Estado de Interior y Policía, firmada por el licenciado Ramón María Saviñón, encargado del Departamento de Deportaciones de de Interior y Policía, en la cual consta que en los archivos de la referida institución no figura como deportado desde ningún país extranjero.