El destituido fiscal Aurelio Valdez, acusado de chantaje y de recibir un soborno de 10,000 dólares, ha generado un fuerte impacto en la comunidad jurídica, esto no solo a la gravedad de las imputaciones en su contra, sino a la marcada contradicción entre sus acciones y su perfil en redes sociales como defensor de la ética y la rectitud procesal.
Como una paradoja de la vida, el exmagistrado dedicó gran parte de su tiempo a defender el papel del Ministerio Público (hoy su verdugo) y a criticar la falta de ética de los abogados penalistas, en especial de aquellos que defienden a los acusados de corrupción administrativa.
A través de X, red social de la que era asiduo usuario, Valdez advertía a los juristas sobre la necesidad de ser cautelosos al cuestionar al órgano acusador del Estado.
Según sus escritos, las críticas sin mesura solo lograban «erosionar el respeto» entre quienes comparten la misión de servir a la justicia. Manifestó, además, que cualquiera que goce de una posición favorecida reaccionará atacando toda idea o acción que intente cuestionar o eliminar su ventaja.
“Es sorprendente lo poco estratégicos que suelen ser algunos abogados ante los tribunales. Aun con pretensiones simples, se pierden en argumentos largos y vacíos que agotan al juzgador, sin leer el lenguaje corporal, creyendo que se la están comiendo con sus largos discursos”, planteó el pasado 18 de febrero en la red social.
Fiscal
En sus reflexiones jurídicas, el entonces fiscal Valdez insistía en que las críticas desmedidas no construyen, sino que erosionan la relación entre colegas que buscan «servir a la justicia sin importar del lado que estemos».
Sostenía que el sentido común y la lógica legal son conceptos distintos y que los estándares morales no siempre se alinean con los legales; para él, esta brecha representaba un desafío constante para los abogados.
Decisión el tribunal
El pasado lunes, la jueza de la Instrucción Especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ysis Muñiz Almonte, aplazó para el próximo martes a las 2:00 p. m. el proceso en el que el Ministerio Público solicita 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción.
El aplazamiento se produjo a solicitud de su abogado, Valentín Medrano, con el objetivo de conocer las piezas y pruebas del expediente.
El acusado fue arrestado en flagrante delito tras presuntamente recibir el soborno, en una operación encabezada por la procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso.
Según el informe oficial, la noche del viernes 27 de marzo de 2026, el Ministerio Público ejecutó una entrega controlada de dinero, previamente autorizada por un juez, que culminó con la detención del imputado.
El dinero fue recibido de manos del exgerente de Atención al Usuario del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Roberto Canaán Acta, quien figura como testigo del órgano persecutor. Según la solicitud de medida de coerción, el exfiscal, quien niega los cargos, recibió US$10,000, aunque inicialmente le exigía a Canaán la suma de US$200,000, un vehículo de lujo y un reloj Rolex, a cambio de ocultar documentos comprometedores.
Conforme a la acusación, la trama inició el 13 de marzo de 2026, cuando el fiscal se reunió con Canaán en el parqueo de una plaza comercial del Distrito Nacional.
En dicho encuentro, Canaán abordó el vehículo de Valdez Alcántara, quien presuntamente utilizó información privilegiada sobre los vínculos personales y propiedades del testigo para establecer una «posición de dominio» sobre él.
Según la solicitud, el encuentro final se ejecutó el 27 del mes de marzo del año en curso en horas de la tarde, cuando el imputado Valdez Alcántara, contactó por teléfono al testigo Canaán, indicándole reunirse lo antes posible en otra plaza comercial
