El Nacional
El general retirado venezolano Francisco Usón Ramírez denunció esta mañana por ante los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que fue tratado como un criminal de alta peligrosidad cuando lo apresaron el 22 de mayo del 2004, por alegadamente haber ultrajado las fuerzas armadas de su país a través de un comentario que hizo en un programa de televisión.

Usón Ramírez, al declarar ante los jueces de la Corte, narró que fue brutalmente apresado en el aeropuerto de una ciudad de Venezuela y trasladado esposado a la capital de ese país, en cuyo trayecto pensó que lo iban a matar.

Con el general retirado Usón Ramírez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio inicio a la primera audiencia pública de dos que celebrará en el país en la sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en el Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, donde comparecieron jueces, fiscales, estudiantes de derecho y profesores, a presenciar este tipo de audiencia que por primera vez se ventila en República Dominicana.

En el juicio, el Estado de Venezuela fue representado por el doctor Germán Saltún Cheneti, Marino González, el capitán Jesús Castro y el coronel retirado Ángel Vellorín y el abogado Gilberto Venero.

Usón Ramírez declaró que después de su encierro, lo trasladaron por más de 10 horas esposado por calles y lugares oscuros, por lo que pensó que esa acción la tomaron con el propósito de matarlo, bajo el alegato de que intentaba fugarse.

Dijo que el contenido de su declaración, en un programa de televisión, se basó en la explicación del uso y funcionamiento de un equipo militar denominado Lanza Llamas, que es parte de las unidades del Ejército Venezolano.

Declaró que hizo una hipótesis con motivo de unos hechos que ocurrieron en una celda de castigo en un fuerte militar de nombre Fuerte Mar. Dijo que hizo el comentario a propósito de una información que al respecto publicó la periodista Patricia Toledo.

Usón Ramírez fue sometido a la justicia por la Fiscalía Militar de Venezuela tras abrirse una investigación en su contra por declaraciones emitidas en torno al caso de Fuerte Mara, ocurrido el 30 de marzo del 2004, donde resultaron quemados un grupo de soldados.

El delito de ultraje está tipificado en el artículo 505 del Código Orgánico de Justicia Militar de Venezuela, el cual establece una pena de 3 a 8 años de prisión para quien de alguna forma injurie, ofenda o menosprecie a la Fuerza Armada Nacional o alguna de sus unidades.

Por el hecho fue sentenciado a cinco años y seis meses de prisión, por lo que posteriormente su caso lo llevó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Corte la preside la magistrada Cecilia Medina Quiroga y la integran Diego García Sayán, Sergio García Ramírez, Manuel Ventura Robles, Leonardo Franco, Margarette May Macaulay y Rdhadys Abréu Blondet.

Mañana, la Corte conocerá una demanda hecha contra el Estado de Perú, relativa a la muerte del estudiante Kenneth Ney Anzualdo Castro, cometida por agentes estatales el 16 de diciembre de 1993.

La demanda se relaciona con la supuesta responsabilidad del Estado por la alegada desaparición forzada de Anzualdo Castro, sin que hasta la fecha se conozca su paradero y las circunstancias en que tuvo lugar su desaparición.