La fórmula infalible para evitar o mitigar una posible situación de crisis económica, social o política es la gestión oportuna y eficiente del riesgo que la precede, sin cuyo control temprano se desatarían dificultades que causarían daños mayores, a veces irreparables.
Son muchos los problemas que afronta la sociedad dominicana a causa de improvisación, negligencia o inobservancia en el manejo de situaciones que pudieron prevenirse mediante la adopción de medidas preventivos o adecuada planificación.
Un ejemplo de eficiente gestión del riesgo lo ofrecen el Banco Central y Junta Monetaria que diseñan y aplican medidas y programas para control de inflación y estabilidad cambiaria, así como velar junto a la Superintendencia de Bancos, del sano desempeño del sector de intermediación financiera.
Difícil sería imaginar los niveles de desestabilización sufriría la economía, si el banco emisor no se empeñara en gestionar el riesgo previsible en los ámbitos monetario y financiero, lo que deberían imitar otras instituciones del Estado que tutelan el endeudamiento público.
La mayoría de las crisis que ha sufrido el país en los últimos años han tenido su causa principal en la deficiente gestión de los riesgos matizada por imprevisión, deficiencia, prevaricación, incluido tráfico de influencia o coalición de intereses, lo que ha motivado cuantiosas pérdidas al Estado y agravamiento de la pobreza.
Una muestra fehaciente de lo que ocurre cuando no se gestiona el riesgo con eficacia y probidad, lo representa la condena impuesta al Estado Dominicano a pagar US$43, 590,090 millones en favor de Michael Lee-Chin, accionista mayoritario de la empresa Lajun Corporation, S.R.L., que administró el Vertedero Duquesa.
Un tribunal arbitral determinó que la recisión del contrato que ostentaba Lajun violó el acuerdo de libre comercio con la Comunidad de Caribe (Caricom), sin que la parte dominicana lograra probar que los ministerios e Medio Ambiente y Salud Publica declararon en 2017 un estado de emergencia ambiental y sanitaria a causa del manejo inadecuado de los residuos sólidos de ese vertedero.
Ese vertedero es aun, 16 años después de ser regenteado por la empresa Lajun, uno de los focos más contaminantes del mundo en su género, un riesgo ambiental y sanitario gestionado de manera deficiente, con el agravante de que ahora, el Estado dominicano deberá resarcir tal incontinencia con la erogación de más de 43 millones de dólares.
