POR: LILLIAM FONDEUR
@Lilliamfondeur

Del cuello de las autoridades pende un Cristo
El Estado dominicano tiene deudas con las y los ciudadanos. Investigar no es sentenciar, es poner las cosas claras. Las consecuencias de la corrupción llevan a la muerte, estos recursos podrían invertirse en salvar vidas. El Ministerio de Defensa defiende no poder iniciar una investigación sobre una compra que realizó dicha institución en 2009. La denuncia de un posible soborno de 3 millones 400 mil dólares que habría sido pagado por la empresa brasileña Embraer a un funcionario de República Dominicana, hoy coronel retirado, a cambio de facilitar la compra de los aviones Súper Tucanos.
Las autoridades de los Estados Unidos y de Brasil muestran más interés en dilucidar el posible delito, vienen investigando el tema desde 2010. Sustentan sus averiguaciones en posibles violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras, una ley antisoborno, de acuerdo con las normativas reguladoras.

El Estado tiene los números en rojo, no puede darse el lujo de que le roben 3 millones 400 mil dólares. Son muchos los muertos que lo exigen. Hasta la fecha más de 100 muertes por dengue y más de 40 por cólera, todas muertes evitables.
El país refleja cifras inadmisibles de morbilidad y mortalidad. Los datos de mortalidad en el primer año de vida son de 32 defunciones por cada mil nacidos vivos y según la Organización Mundial de la Salud el 10 por ciento de los niños y niñas menores de 5 años padece desnutrición crónica.
El Estado requiere recursos para apalear la enagua que se le sale al Sistema de Salud, las inaceptables cifras de mortalidad materna, 159 por cada cien mil nacidos vivos. (Endesa).

El tendón de Aquiles del Estado es el embarazo a temprana edad y su continuo ascenso. Solo en la región del Sur, Azua, San Juan y Elías Piña el embarazo en menores de 17 años reporta un 34 por ciento. Por ejemplo, en el hospital regional Juan Pablo Pina, en San Cristóbal, según el director del centro, Miguel Ángel Geraldino, asisten de media 1.671 adolescentes embarazadas de entre 10 y 14 años todos los meses. Al Estado le corresponde velar por un futuro mejor para estas niñas.

Nuestra Constitución en su artículo 61 declara que el Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas, así como procurar los medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades, asegurando el acceso a medicamentos de calidad y dando asistencia médica y hospitalaria gratuita.
Es imprescindible investigar el supuesto soborno. En nuestro país, del cuello de las autoridades pende un Cristo.