WASHINGTON, (AFP). – Apodada con sorna «Government Motors», la nueva empresa que emergerá de la quiebra de General Motors pertenecerá en un 72% al Estado, pero este accionista principal dejará al constructor definir su política comercial, según prevén expertos del sector.

«Lo más difícil para el Estado será dejar la administración de la vida cotidiana de la empresa en manos de la dirección del grupo», observó Jeremy Anwyl, del centro de investigación especializada Edmunds.com.

«Será grande la tentación de influir en la elección de productos por consideraciones políticas y no comerciales», explicó.

El gobierno del presidente Barack Obama, que junto con su par canadiense quedará con el 72% de las acciones de la nueva GM, prometió deshacerse de sus acciones lo antes posible, siempre que el fabricante se torne rentable.

El Tesoro estadounidense, que podría invertir en total cerca de 60.000 millones de dólares en el fabricante para asegurar su supervivencia, espera recuperar la inversión en cinco años, informó el sábado el Washington Post.

El plan de reestructuración puede tener éxito siempre que Washington se concentre en tres cosas: restablecer la rentabilidad del grupo, recuperar el dinero de los contribuyentes y deshacerse de las acciones, opinó el experto David Cole, del Center for Automotive Research.

Aún si los altos funcionarios son «inteligentes y de buena voluntad, no pueden comprender los meandros del tema (del sector automotor) en un tiempo limitado», subrayó.