La clausura del Congreso por una insólita decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) constituye un golpe demoledor a la democracia de Venezuela, por lo que todo el continente está compelido a condenar esa abrupta interrupción del orden constitucional.

Con tan absurda medida del TSJ, el gobierno del presidente Nicolás Maduro no solo apaga todo vestigio de disidencia a nivel del Estado, sino que ofrece un motivo de peso para que la comunidad internacional se unifique en torno al rechazo a lo que ya se define como un autogolpe.

Las naciones que antes censuraban el evidente afán de intervencionismo en los asuntos venezolanos por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), hoy se contagian con la indignación colectiva que provoca el cierre del Parlamento.

Con esa decisión el Tribunal Supremo ha inferido una cuchillada mortal a la democracia, colocando al gobierno de Maduro en defecto jurídico y ofrecido una sólida justificación a sus detractores externos para invocar en su contra la Carta Democrática de la OEA.

El presidente Maduro debió promover y mantener el diálogo político en el marco de la institucionalidad y de respeto a los poderes públicos, pero el cierre intempestivo del Parlamento lo coloca al margen de la legalidad y lo presenta como violador de la voluntad de los electores.

En términos jurídicos y políticos, el régimen venezolano asume un control dictatorial sobre todas las instituciones democráticas, lo que representa una ofensa para América Latina, cuyos pueblos rechazan cualquier expresión de gobierno totalitario, sea de izquierda o de derecha.

Sin que se incurra en ninguna forma de intervención, la comunidad internacional está compelida a condenar con toda fortaleza esa modalidad de autogolpe que se ha producido en la tierra de Bolívar, y presionar por vías diplomáticas al presidente Maduro para que recobre el buen juicio y evite un estallido social de imprevisibles consecuencias.

A Maduro no le queda otro camino que restablecer las calidades del Parlamento y convocar a elecciones libres, limpias y concurridas, para que los electores decidan sin ningún tipo de represión el camino a seguir.

República Dominicana tiene el sagrado compromiso de solidarizarse con Venezuela, en momentos tan trágicos en el orden institucional, tal y como lo ha hecho esa nación y su pueblo, todas las veces que se ha intentado cercenar la democracia quisqueyana.