El Nacional
La posición de un grupo de asambleístas peledeístas, profesionales de la medicina en su mayoría, desobedeciendo la línea de su partido, con el argumento de que la ciencia debe estar por encima del fanatismo, impidió anoche que la Asamblea Nacional aprobara el artículo 30 de la nueva Constitución propuesta por el presidente Leonel Fernández que establece que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte,

Esos asambleístas encabezados por el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, doctor Víctor Terrero, favorecen la legalización del aborto terapéutico.

Entienden que cuando peligra de la vida de la madre debe permitirse que se le practique un aborto y también cuando se produzca un embarazo fruto de una relación incestuosa o por violación.

Los asambleístas reformistas, encabezados por su vocero, ingeniero Ramón Rogelio Genao, fueron los que con mayor fervor defendieron la iniciativa del presidente Fernández sobre el derecho a la vida desde la concepción.

Genao sostuvo que para los reformistas es innegociable el derecho a la vida, así como la prohibición de matrimonio entre personas del mismo sexo.

Nos oponemos tajantemente a cualquier tipo de aborto, a la eutanasia, a la tortura y cualquier método que atente contra la existencia de la vida, agregó.

Los bloques de asambleístas peledeístas, perredeísta y reformista pensaron que iba a pasar de inmediato el artículo 30 de la nueva Carta Magna, pero la intervención de disidentes oficialistas les derribó su ilusión.

Los argumentos de esos asambleístas encabezados por Terrero produjeron un amplio debate desde las 4:00 de la tarde hasta pasada la medianoche, lo que obligó a Pared Pérez declarar un receso hasta el martes para continuar con el tema.

En las graderías del salón de la Asamblea Nacional se encontraban grupos de feministas que respaldan el aborto terapéutico y sacerdotes que se oponen.

Los asambleístas aprobaron cuatro nuevos artículos del proyecto de reforma a la Constitución.

Uno de ellos es el referente al capítulo 2 del estado social y democrático de derecho de la República Dominicana.

Ese articulado establece que el país es un estado social y democrático, organizado en forma republicana, fundamentado en el respeto de la dignidad humana y los derechos fundamentales como el trabajo, la soberanía popular y la separación de los poderes.