El hijo de una mujer de 72 años asesinada en Samaná en 2011 pidieron que se haga justicia en el caso y denunció que toda la investigación estuvo plagada de vicios y corrupción que terminaron con la condena a 30 años de una persona alegadamente inocente.

Francisco Antonio Taveras, hijo de la difunta profesora Bethania Altagracia Ureña, aseguró que el asesinato de su madre mientras dormía en su casa del sector La Loma de los Báez fue fruto de que ella ganó una litis por unos terrenos y no para robarle.

Explicó que a su madre le habían vendido mil 200 metros en los que construyó su casa de retiro y seis años después lo revendieron a otra persona, pero que ella se interpuso y el juez le adjudicó la venta y que poco después de eso la asesinaron mientras dormía el 21 de octubre del citado año.

“Entendemos que el que está preso a 30 años (Antonio Confesor Betermí (Henry)), no fue el que mató a mi madre. Ahora él quiere hablar y la Procuraduría no se ha inclinado a quererlo escuchar. Ahora él tiene miedo de que lo maten y él está dispuesto a hablar para que las personas culpables paguen por este crimen”, manifestó.
Sostuvo que su madre dejó una carta responsabilizando a tres hombres de cualquier cosa que le pasara a ella o a sus propiedades. Dijo que los oficiales encargados del caso de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía (Dicrim) cometieron irregularidades, ineptitudes, omisiones, corrupción en la investigación. También acusó al fiscal Robert Justo Bobadilla, que ahora está sometido a juicio disciplinario por acoso sexual.