El ex presidente Hipólito Mejía responsabilizó este jueves al presidente Leonel Fernández de las declaraciones ofrecidas ayer en su contra por el director de la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción, licenciado Hotoniel Bonilla.

Mejía, a través de su vocero Héctor Guzmán, se refirió a lo expresado por Bonilla, quien dijo que si en el país existieran instituciones fuertes, el ex mandatario no estuviera hablando de corrupción porque estaría en otro lugar.

Mejía manifestó a través de Guzmán que está claro que esas son expresiones del presidente Fernández, y que eso se demuestra con las persecuciones de ex funcionarios del Gobierno que él encabezó que ha mantenido Bonilla.

Recordó que Bonilla, según él por mandato del presidente Fernández, sometió a la justicia a los ingenieros Eligio Jáquez, por el caso de los invernaderos, y a César Sánchez, por un alegado desfalco en la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).

Sostuvo que, contrario a lo que ha ocurrido con algunos funcionarios del Gobierno, tanto Jáquez como Sánchez fueron descargados en todas las instancias judiciales.

Declaró que lo mismo no ha ocurrido con casos como el Peme y Prodaba, cuyo expediente fue mandado a engavetar por el presidente Fernández en la gestión de Bonilla.

Subrayó que no hay ningún tipo de dudas de que Bonilla ha actuado por mandato del presidente Fernández, como un persecutor de los ex funcionarios del pasado Gobierno del PRD.

Queda claro que mientras los funcionarios del ex presidente Hipólito Mejía han demostrado su inocencia ante los tribunales, los del gobierno de Leonel Fernández han sido beneficiados con el retiro o engavetamiento de los expedientes, dijo.

Precisó que entre los dominicanos existe la percepción de que estamos en el Gobierno más corrupto, posición sólo superada por el desempleo, mientras que se considera que el ex presidente Mejía es el político de mayor condiciones para enfrentar ese flagelo.

Dijo que las declaraciones de Bonilla coinciden con el comunicado del Gobierno, donde señala varias disposiciones legales relacionadas con la corrupción y con la reunión de ministros de Gobierno.