La Procuraduría General ha emitido un documento en el que se mezcla la intención de ilustrar a la ciudadanía sobre el curso actual de las investigaciones en torno al expediente Odebrecht, con velada amenaza a la prensa y a la ciudadanía, de que divulgar documentos o información sobre ese caso pudiera significar “un serio delito”.

El Ministerio Público revela que ha rastreado el comportamiento de cientos de cuentas bancarias y transacciones financieras de empresas y personas físicas, así como analizado miles de documentos relacionados con el expediente sobre sobornos por 92 millones de dólares que admitió el consorcio brasileño.

En ese documento se advierte también que como consecuencia de ese “meticuloso y confidencial proceso, cualquier ciudadano puede ser objeto de escrutinio y de interés de nuestra organización”, por lo que toda persona u organización requeridas están obligadas a ofrecer la información que se le solicite”.

Incluso se advierte a los propios inculpados o a sus abogados a no divulgar las informaciones que afloren en el curso de las entrevistas o en los documentos hasta que en el caso se soliciten medidas de coerción, anticipo de prueba o acusación formal.

¿Porque la Procuraduría General considera que constituye “un serio delito” el divulgar datos o infidencias sobre el caso Odebrecht? ¿Porque así lo establece el Código Procesal Penal? ¿Porque el Ministerio Público desea preservar la buena fama de investigados o procesados?

El propio procurador general ha revelado documentos o emitido declaraciones que drenan el principio de presunción de inocencia y de confidencialidad procesal en perjuicio de imputados en el caso Odebrecht, por lo que no se entiende tan repentino cambio.

Llama la atención que en el comunicado de la Procuraduría se menciona que “sin importar su estatus político, social o profesional”, toda persona requerida está obligada a suministrar las informaciones que se le soliciten, como si se sospechara que algún ciudadano citado rehusaría cumplir con ese requerimiento procesal, en virtud de algún poder o influencia.

El procurador Jean Alain Rodríguez debería profundizar en el significado de “un serio delito” por divulgar informaciones o documentos sobre lo que en ese documento se define como como “el caso de mayor complejidad en la historia del sistema de justicia dominicano”. Eso huele a mordaza contra la prensa.