El presidente Luis Abinader no tendrá que proclamar en las próximas elecciones, como Bosch a raíz del golpe de Estado de 1963, que la corrupción y el pasado lo derrotaron. A diferencia de sus contrincantes y de las mismas frustraciones en la batalla para encarcelar a responsables de depredar los recursos públicos y recuperar lo robado, la imagen del mandatario, por la capacidad de trabajo y su demostrado compromiso para enfrentar los problemas más desafiantes de la nación, es todavía sólida.

Pero a estas alturas de juego la impunidad se ha convertido en un puñal clavado en el alma de los sectores que se movilizaron para que se esclarezcan los grandes escándalos que se denunciaron por distintos medios.

Si es que alguien se acuerda, la verdad es que no se tiene la menor ilusión de que reinará la justicia en casos como los del asfalto de Obras Públicas, las auditorías maquilladas de la Cámara de Cuentas, el patrimonio de exfuncionarios y de salientes y actuales legisladores. Y ni hablar de las sobrevaluaciones de Odebrecht, disfrazadas con sobornos; los aviones Tucano y la venta del barrio Los Tres Brazos.

La periodista Alicia Ortega ha mostrado más interés y llegado más lejos en la investigación de escándalos como el de los sobornos de Odebrecht que el propio Ministerio Público, que en muchos procesos ha optado más por el vedetismo y el circo mediático que en reunir pruebas contundentes contra los procesados. Como si se quisiera engatusar a la opinión pública con demostraciones de eficiencia se han presentado unos legajos con miles de páginas para sustentar acusaciones.

El pasado de los principales protagonistas de las investigaciones y la misma estructura burocrática pueden pasarse por alto en la evaluación de la lucha contra la corrupción. Gente que archivó querellas sin investigar o que participó en encubrimientos y pantomimas son las que tienen a su cargo lo que se suponía sería uno de los puntos más luminosos de esta administración, como el sometimiento de quienes se enriquecieron a costa del siempre sufrido pueblo.

La gente no se extrañará si con los actuales casos ocurre lo mismo que con muchos otros expedientes que se han caído en los tribunales por debilidades.

En el pasado, cuando el Ministerio Público controlaba el Poder Judicial, las pruebas eran irrelevantes. Pero hoy el criterio es distinto, pues algunos jueces, aunque sean muy pocos, saben que no correrán riesgo si fallan conforme al derecho.

Abinader no carga con el fardo de la impunidad, pues se ocupó de designar una procuradora honesta y competente, pero quien en gran medida ha estado atada por una estructura más comprometida con el pasado que con el presente.