En un desorden, debido a un enfrentamiento entre regidores, concluyó la sesión del pasado jueves de la sala capitular de Santo Domingo Norte, convocada para conocer del proyecto de presupuesto de gastos para el 2012 del cabildo de ese municipio.

Ramón Altagracia, vocero del bloque de regidores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), culpó al alcalde Francisco Fernández y a la presidenta de la sala capitular, Lucrecia Santana Leyba, de que no se aprobara el proyecto de presupuesto.

Altagracia dijo que el alcalde Fernández y la licenciada Santana Leyba cometieron todo tipo de irregularidades en el cabildo para aprobar el proyecto de presupuesto sin que ninguno de los 17 regidores de la sala capitular lo hubiese estudiado.

Los pronunciamientos del vocero del PLD fueron respaldados por los regidores Frank Mora, vocero del Bloque Institucional Social Demócrata (BIS); e Iván Mercedes, vocero de la Alianza por la Democracia (APD).

Altagracia, Mora y Mercedes dijeron que el alcalde de Santo Domingo Norte no entregó a los bloques de regidores el proyecto de presupuesto 60 días antes de ser conocido, como establece la ley 176-07.

Dijeron que Francisco Fernández elaboró un presupuesto de 605 millones de pesos, sin tomar en cuenta las obras prioritarias, sin consultar a los demás partidos y sin que los munícipes de Santo Domingo Norte sepan cómo serán invertidos esos recursos.

Explicaron que el alcalde dispuso 150 millones de pesos para el pago de nómina, la cual nadie conoce, ni se sabe cómo está estructurada, lo que constituye una burla para los representantes de los distintos partidos.

Revelaron que la comisión de finanzas no pudo conocer del proyecto ni elaborar un informe, pero el pasado miércoles el contralor del cabildo, licenciado Santiago Bautista, les remitió un informe pre elaborado para que lo firmaran.

Los tres regidores aseguraron que una de las irregularidades más grave fue la sustitución del regidor perredeísta José Antolín Polanco, por un sustituto, sin que el primero haya renunciado y sin que haya muerto, como establece claramente la ley 176-07 de organización municipal.