La grave situación de Haití después del terremoto del 12 de enero ha dejado fuera del escenario muchas tareas pendientes que tenemos los dominicanos.

El debate sobre la penosa situación humanitaria en Haití ha opacado temas dominicanos como las especulaciones a raíz del anuncio de que Venezuela ya no está interesada en la compra de la Refinería Dominicana de Petróleo. Se ha comentado que se debe a que Chávez está irritado con Leonel Fernández, por habérsele excluido de una Cumbre por Haití y por intervenir en la solución del caso Honduras.

Esta situación, de oficializarse, obliga al Gobierno a buscar aliados que produzcan y exporten petróleo, que bien podrían asociarse con capitalistas nacionales. Casi espanta pensar que, por una rabieta de Chávez, Venezuela eche atrás Petrocaribe, cortándonos el suministro de petróleo. Esto da lugar a pensar que esa ayuda obedece a la nada oculta creencia del presidente venezolano de que nuestro país debe hacerle coro en sus encontronazos con Estados Unidos y algunos presidentes latinoamericanos.

La difícil búsqueda nos obliga a priorizar proyectos de energías alternativas con recursos renovables, pero además, a rehabilitar Jigüey-Aguacate, de difícil reparación, por estar llena de escombros y su casa de máquinas destruida. En cuanto a Jigüey, se han presentado soluciones con relativa poca inversión y con retorno de lo invertido en pocos meses.

Esa idea de supeditar los trabajos por realizar a la reconstrucción del camino que lleva al complejo hidroeléctrico es superficial, porque sería como poner una curita a un enfermo que requiere cirugía mayor. En una palabra, se trata de un cohete mediático.

Otra incógnita existe ahora, con la nueva Constitución que a muchos no nos gusta, pues fue fruto de una Asamblea Revisora y no de una Constituyente como quería el pueblo, según una encuesta nacional hecha por el propio Gobierno. Incluso, se violó esa figura incorporada al programa de Gobierno del propio partido en el Poder.

Ahora, basándose en ambigüedades de la nueva Constitución, se habla de la posibilidad de que el próximo Congreso, en caso de que el Gobierno continúe con su control, podría volver a reformar el texto para aprobar otra vez la reelección.

La prohibición de la reelección consecutiva figura en el pacto entre el presidente Fernández y el presidente del PRD, Miguel Vargas. Violarlo sería otra fuente de discordia.