Un pacto fiscal que garantice el financiamiento del desarrollo y mejore la calidad del gasto público fue planteado este domingo por el sector de la pequeña y mediana empresa, que también pide al gobierno comprometerse con la transparencia y la probidad en el manejo del presupuesto, así como equidad en la carga tributaria.

El planteamiento se produce a pocas horas de la reunión que sostendrá el presidente Leonel Fernández y su equipo económico con los empresarios, para explicar los alcances de las medidas económicas anunciadas la semana pasada por el ministro de Hacienda.

El encuentro había sido pronosticado por monseñor Agripino Núñez Collado que, sin embargo, no dijo la fecha en que sería celebrado, aunque afirmó que sería en breve plazo.

La reacción de los empresarios se originó tras el anuncio del ministro de Hacienda Vicente Bengoa, de que sometería al Congreso dos proyectos de modificación, entre ellos el de la 112-01 sobre Hidrocarburos, texto que indica que cada tres meses debían indexarse por inflación los impuestos que se cobran a las gasolinas, que no se aplica desde año 2007.

El pacto social es sustentado por las empresas industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH), su Consejo de Pasados Presidentes y la Federación de Asociaciones Industriales (FAI), quienes demandan en declaración conjunta que el gobierno se comprometa también a disminuir el tamaño del Estado suprimiendo los ministerios innecesarios y el 80% de los viceministros.

Igualmente pide suprimir los cónsules y vicecónsules que cobran sin trabajar, ayudantes civiles y asesores que sólo representan una carga en la nómina y no hacen aporte alguno al desarrollo.

Wadi Cano Acra, vocero de las empresas de Herrera, entiende que la presión tributaria no debe continuar afectando a los que más pagan y expresó que mientras el sector de la manufactura representa el 19.6% del PIB, genera el 34.7% de las recaudaciones fiscales.

Para Ignacio Méndez, presidente de la FAI, el pacto fiscal para el desarrollo deberá llevarse de encuentro el descarado boato, las nominillas, las dobles exoneraciones de autos de los legisladores, el barrilito y el cofrecito.

Pese a que Bengoa ha negado que la idexación de los combustibles no constituye un nuevo impuesto, los empresarios rechazan la explicación, y aducen que el incremento del precio de los carburantes gravitaría de forma negativa en la economía popular, provocaría la quiebra de cientos de empresas, y que tendrían que hacer despidos masivos.