Los auditores de la Organización de Estados Americanos (OEA) a cargo de investigar las causas de la suspensión de las elecciones del 16 de febrero no encontraron evidencias de ataques externos, sabotaje o intento de fraude y atribuyó la interrupción a una mala gestión del área de informática de la Junta Central Electoral (JCE).
El presidente de la JCE, doctor Julio César Castaños Guzmán, dijo que acepta con humildad el informe de la OEA, que le deja sabor “amargo y frustrante”, al tiempo de señalar que lo más importante del informe es que evidencia “que no hubo fraude, agresión externa, mala fe ni dolo sino que se trató de un error humano”.
Ese informe tiene efecto vinculante con todos los órganos jurisdiccionales del Estado, en razón de que el Gobierno aceptó tal condición exigida por la OEA y avalada por los partidos políticos, por lo que posee condición de una cuasi sentencia emanada de un organismo supranacional al cual se le otorgó esa facultad.
Gobierno, oposición y no pocas instituciones de la sociedad civil no podrán ahora recoger toda el agua derramada por las mutuas acusaciones y denuncias sobre fraude electoral o conciliábulo criminal para frustrar los comicios municipales del 16 de febrero.
El equipo auditor de la OEA considera que el problema puede encontrarse en el software diseñado para la personificación de las urnas, para que cada máquina contara con la oferta electoral y demás datos correspondientes a su mesa, pero ese software no tenía mecanismos de control de calidad.
A esa razón se atribuye la incapacidad de esos equipos para detectar cualquier tipo de problema que se pudiera haber presentado en el proceso de descarga de las boletas electrónicas, además de la inexistencia de procedimientos formales de prueba del software, lo que habría impedido detectar a tiempo el defecto.
Aun se concede razón y valor a la indignación generalizada de la ciudadanía por la abrupta suspensión de esos comicios, aunque debe admitirse que el torrente de imputaciones sobre fraude contribuyó a exacerbar el ánimo colectivo ante la creencia de una acción concertada para resquebrajar el orden institucional.
El informe de la OEA deja establecido, en caso de que fuera eso lo que realmente sucedió, que la democracia nunca estuvo en peligro, que lo ocurrido fue fruto de negligencia, inobservancia o mala gestión del área de informática de la JCE. Falta saber, si quienes de uno y otros litorales derramaron tanta agua de infamia intentarían hoy recogerla. También falta saber si habrá alguna sanción de tipo penal contra los responsables del “error humano”.
