El Gobierno ha sido tan considerado con Haití, que ha cosechado críticas de sectores conservadores. No solo ha proporcionado medicamentos a su desamparada población, sino que ha tolerado que miles de haitianas indocumentadas alumbren en hospitales dominicanos.

En materia de solidaridad al Gobierno le cabe el mérito de motivar a la comunidad internacional, específicamente a Estados Unidos y Canadá, para que se involucren más directamente en una salida a la crisis haitiana.

Sin embargo, las autoridades del vecino país no valoran el gesto criollo e incluso se permiten la libertad de violar en su propio provecho convenios entre las dos naciones.

Es lo que ha ocurrido con la ilegal canalización del río Masacre, por demás por sectores particulares que buscan beneficios a costa de la miseria de los suyos.

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Entonces el presidente Luis Abinader, que en el diferendo había sido muy diplomático, ha tenido que demostrar a los haitianos que el gas pela.

En lugar de la frontera con Dajabón el Gobierno ordenó clausurar toda la zona, además de prohibir el visado a nacionales haitianos.

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Las autoridades dominicanas han sido más solidarias y consideradas de la cuenta con un Gobierno que además de no agradecer busca siempre salirse con las suyas. En esta ocasión se le peló el billete, porque los dominicanos también han reivindicado el derecho a su soberanía.