La decisión del Gobierno de regularizar la presencia de ciudadanos extranjeros en nuestro territorio, cuestionada en algunos aspectos, no deja de tener sus lecciones positivas. Todo país está en su legítimo derecho de organizar la migración hacia su territorio, siempre con el debido respeto a las leyes internacionales.

Los que conocen algo de la historia dominicana saben que la penetración pacífica de haitianos “sin papeles” saben que eso data desde las últimas incursiones haitianas en la década de 1850, agravadas después de la Restauración y, más modernamente, tras la ocupación militar norteamericana, cuando se buscaron braceros para el corte de la caña. Entonces, en sentido general, los contratos los obligaban a retornar a su país tras cesar la zafra.

Sin embargo, llegó un momento en que la situación se hizo incontrolable, pues a partir de la desaparición de la tiranía de Trujillo el gobierno dominicano continuó la práctica de contratar braceros, aún a sabiendas de que en ese negocio participaban desde “buscones” y funcionarios, tanto dominicanos como haitianos, con beneplácito de la dictadura de Duvalier y luego de su hijo.

El plan regulatorio puesto en marcha ahora afronta múltiples problemas, muchos de ellos con sectores de la opinión pública en contra, tanto interna como externamente. El plan podrá ser excelente, pero todo indica que los promotores del gobierno han olvidado un aspecto fundamental: los haitianos vienen a este país ilegalmente porque prácticamente se mueren de hambre, en vista de que sus gobiernos, permeados por la corrupción, no se han ocupado de proporcionarles fuentes de trabajo donde puedan ganar un salario para siquiera poder comer.

Son millonarios los recursos que ha obtenido el gobierno de Martelly luego del terremoto de 2010, que virtualmente arrasó con Haití. Sin embargo, excepto algunas obras de poca relevancia, las inversiones en la reconstrucción “no se ven”.

En vista de eso, los haitianos hambrientos siguen cruzando la frontera, pero además seguirán haciéndolo mientras los ricos de Haití y la comunidad internacional no entiendan que lo único que podría evitar ese éxodo, que a nadie conviene porque podría generar una confrontación indeseable, es poner en marcha un amplio plan de desarrollo que contribuya a paliar el hambre y otras necesidades que acogotan a los haitianos.

Cuando después del terremoto de 2010 en Haití, en la República Dominicana se celebró un Seminario Internacional exclusivamente para tratar sobre la ayuda extranjera que se necesitaba, estimada en unos 12.000 millones de dólares. Se estima que las donaciones están cerca o sobrepasan esa cifra. Sería interesante saber cuánto ha recibido Haití y qué se ha hecho realmente.