El Nacional

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE) emplazó ayer al procurador adjunto Bolívar Sánchez, a que aporte pruebas de que empleados del tribunal han emitido dobles cédulas a narcotraficantes.

El doctor Julio César Castaños Guzmán advirtió que la JCE no se dejará sugestionar por nadie, ya que cumple sus obligaciones, al tiempo que llamó a los demás a que hagan otro tanto.

Castaños Guzmán enfatizó en que la Junta Central Electoral no es ni la Dirección Nacional de Control de Drogas ni la Procuraduría General de la República.

En consecuencia, emplazó a Sánchez a señalar a los empleados que están en eso, y prometió que los empleados que se han portado mal se han cancelado y se seguirán cancelando».

Asimismo, el juez presidente de la JCE pidió que se hagan pruebas antidoping a los miembros de las juntas electorales, a todos los funcionarios, incluyendo al Ministerio Público.

Tras la denuncia del procurador adjunto Bolívar Sánchez, encargado de Asuntos Internos de la Procurador General de la República, Castaños Guzmán calificó la denuncia como «fiambre» y «refrito», de que narcotraficantes sobornan a empleados de las distintas instancias de la entidad, para obtener varias cédulas de identidad para una misma persona.

El magistrado se sorprendió por el alboroto que dijo quiere armar el funcionario judicial, ya que la Junta hace lo que tiene hacer, que es la captura de los datos biométricos, y recordó que la gente que llega a la institución no tiene un letrero que dice «narcotraficante.

Destacó que en los dos años y medio que tiene al frente de la JCE, han cancelado decenas de miles de cédulas por «suplantación, de extranjeros haciéndose pasar por dominicanos instruyendo expedientes falsos de declaraciones tardías.

Opinó que todo el mundo sabe que en los cuarteles del país y en muchas instituciones hay una actividad manifiesta de narcotráfico, y resaltó que habido personas que han solicitado hasta 10 cédulas y se les han cancelado, porque esta institución está de pie, no arrodillada, y no le tiene miedo a nada de eso.

Aseguró que la JCE le ha salido al frente a ese problema con la captura de datos biométricos y enfatizó en que todos los meses el tribunal cancela cédulas a través de la Comisión de Inhabilitados y Cancelados.

Sin embargo, el juez José Ángel Aquino consideró que el sistema de la JCE aún es vulnerable porque no se tienen todos los datos biómétricos de las personas, y aunque admitió que desde el punto de vista del Registro Electoral no es vulnerable, sí lo es en cuanto a la seguridad del documento,

Se recuerda que sólo en el 2008, el Pleno de la JCE dispuso la cancelación de 989 cédulas, cuyos expedientes fueron conocidos por la Comisión de Inhabilitados y Cancelados del organismo.

Tanto el presidente de la Junta, como el de la Cámara Administrativa, Roberto Rosario, coincidieron en que la solución de los casos de varias cédulas es la captura de datos biométricos.

Sin embargo, la Junta mantiene la posición de que no hay recursos para terminar con prontitud el programa, ya que el Banco de Reservas descuenta RD$45 millones mensuales, y hasta que concluya el préstamo la JCE seguirá siendo vulnerable a las suplantaciones de identidad.

Rosario indicó que a diario se capturan entre 16 mil y 18 mil ciudadanos, pero que su plan inicial eran 28 mil. «Hay un desbordamiento ciudadano para los datos biométricos y no hay infraestructura.