El juez de la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente del Distrito Nacional reenvió para el sábado 24 de este mes, a las 11:00 de la mañana, la audiencia para conocer la medida de coerción en contra de cuatro de los implicados en el asesinato del teniente coronel César Augusto Ubrí Boció.

El magistrado Alejandro Vargas tomó la decisión para que se le haga una experticia al cabo de la Policía, Wascar Antonio Caravalho Montero, presunto autor material del crimen y quien acusa a los investigadores de torturarlo durante los interrogatorios.

La audiencia se pospuso a fin de permitir que la barra de la defensa pueda leer con detenimiento el expediente acusatorio contra los inplicandos en el crimen del agente anridrogas.

Los sometidos por el crimen contra el oficial de la DNCD son, además de Cavalho Montero, José Rafael Mejía, Douglas Michael Cury y Michael Vadez Castillo, quienes están representados por los abogados Ángel Troncoso, Ingrid Hidalgo, Alberto de los Santos, entre otros.

Mientras, Dante Castillo, coordinador de homicidio de la Fiscalía, argumentó que las quemaduras que presentan en los pies los sometidos se deben a las municiones de los tiros que le hicieron al asesinado oficial el pasado domingo en la noche.

El fiscal del Distrito Nacional Alejandro Moscoso Segarra había solicitado un año prisión contra el cabo de la Policía Nacional, Wascar Antonio Cavalho Montero; Douglas Cury, Michael Antonio Valdez Castillo y José Rafael Mejía, el último de los cuales es el propietario del repuesto B&R Autopartes, acusados de dar muerte oficial.

Los vinculados al caso son el excabo de la Policía Wascar Antonio Cavalho Montero, sindicado como autor material del asesinato, Michael Antonio Valdez Castillo, Modesto Cruz Marte, quien admitió que compró la jeepeta, y José Rafael Mejía Batista, propietario de la tienda de repuestos B&R Autopartes y quien alegadamente mandó a los otros inculpados a robar vehículos de ese tipo.

Un abogado de la DNCD y de familiares de Ubrí Boció presentó querella formal contra los acusados y anunció que posteriormente solicitarían una indemnización por la muerte del oficial.