DETROIT. AP. Las autoridades federales se habían vanagloriado por el arresto de nueve integrantes de una milicia ultraderechista de Michigan como medida preventiva en contra de terroristas nacionales y declararon en la audiencia inicial que los sospechosos «con corazones oscuros y voluntades malignas» querían iniciar una guerra contra el gobierno.

Cinco semanas más tarde los fiscales luchan por reorganizarse luego que una juez cuestionó la fortaleza de las pruebas presentadas contra el grupo al ordenar que los presuntos rebeldes quedaran en libertad hasta el día del juicio y argumentó que tenían el derecho de «involucrarse en un discurso venenoso y lleno de odio».

«El gobierno se ha quedado corto», dijo David Griem, un ex fiscal federal que no participa en el caso. «El mensaje que se envió a la comunidad es que hay problemas con su caso», agregó.

Durante dos días de audiencias la semana pasada ante la juez federal de Distrito Victoria Roberts, los fiscales intentaron sin éxito demostrar qué tan peligrosa era la milicia Hutaree al presentar como prueba algunas conversaciones grabadas en secreto.

Sin embargo, esas conversaciones no revelaron ningún plan.

Bajo el interrogatorio de los abogados de la defensa, el principal agente del FBI en el caso pareció estar mal preparado.

La juez ordenó que los nueve sospechosos fueran liberados bajo condiciones muy estrictas, entre ellas el uso de dispositivos electrónicos y horas específicas para estar de vuelta en sus casas.

Los acusados deberían haberse marchado a sus casas el martes, pero ella detuvo su decisión hasta el miércoles para darle a los fiscales tiempo para consultar al Departamento de Justicia en torno a una apelación poco común