El Nacional
La jueza del Tribunal de Primera Instancia de la Cámara Civil y Comercial de San Cristóbal ordenó el levantamiento del embargo de las cuentas del Ayuntamiento de esa ciudad.

La Jueza en Referimiento, Ana Estela Florentino Japa, por medio de la ordenanza No. 002361 autorizó el levantamiento del embargo retentivo que había puesto el arquitecto Víctor Manuel Ramírez Minier por el valor de más de 43 millones de pesos.

En uno de los considerandos, la magistrada Florentino Japa explica que es ilegal hacer un embargo sobre otro embargo, según lo establece el artículo 611 del Código de Procedimiento Civil.

El sindico de San Cristóbal, José Bienvenido Montás, saludó la decisión de la jueza y señaló que eso permitirá que los más de mil quinientos empleados del cabildo puedan recibir la regalía pascual y su correspondiente salario del mes de diciembre.

Montás dijo que el departamento jurídico procedió a notificar la sentencia al Banco de Reservas para que de inmediato libere los fondos que estaban embargados de manera ilegal.

Anunció que el señor Minier será sometido a la acción de la justicia penal por abuso poder y sobre valuación de los terrenos que intentó venderle al Ayuntamiento cuando era funcionario del Cabildo Montás agregó que dicha transacción se llevó a cabo en violación a la Ley 584 del 1970 y la circular del Contralor de la República que prohíbe transacciones durante el período de transición.

El ejecutivo municipal dijo que el señor Minier, cuando fue director del Plan Regulador del Cabildo, vendió unas 33 tareas que estaban valoradas en menos de un millón 200 mil pesos en mas de 16 millones en violación a las leyes.

Señaló que el Código de Ética prohíbe que un funcionario de una institución pública pueda vender o contratar un servicio a la institución publica que labora.

La citada violación a la ley ha impedido que más de mil quinientos empleados del cabildo sancristobalense puedan cobrar el salario 13 ni el sueldo correspondiente al mes de diciembre.

Indicó que no se explica como un particular puede perjudicar a miles de empleados aun cuando se sabe que lo que reclama es violatorio de las leyes del país.

Precisó que se ha podido determinar que el señor Minier, para lograr su objetivo, simuló su nombre, sorprendió la Sala Capitular de ese entonces con un valor sobrevaluado a base de una tasacción ilegal ni tampoco se hizo licitación pública.