El sistema de justicia penal puede evaluarse en tres recientes decisiones judiciales que desnudan la prevalencia de una simbiosis entre Ministerio Público y Poder Judicial sostenida en la complejidad de las diligencias procesales y debilidades en las motivaciones o sustentos de sentencias emanadas por los tribunales.

El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, homologó un pacto entre el Ministerio Público y el contratista o suplidor Maxy Gerardo Montilla Sierra, acusado participar en contrataciones públicas de forma fraudulenta con empresas distribuidoras de electricidad, por lo que se comprometió a devolver al Estado cerca de tres mil millones de pesos.

La legalidad de ese acuerdo se refugia en el artículo 370 del Código Procesal Penal que faculta al ente acusador a aplicar el Criterio de Oportunidad, cuando entre otras causas, el imputado colabore eficazmente con la investigación o proporcione datos relevantes que contribuyan al esclarecimiento de los hechos.

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El Ministerio Público utiliza con frecuencia esa figura o la del delator premiado para sustentar su acusación con información relevante suministrada por imputados a cambio de reducción de penas o devolución de bienes sustraídos. Conveniente sería debatir si los fiscales exageran en la invocación de esas figuras procesales.

Otro magistrado, José Manuel Arias, del Tribunal de Ejecución de la pena, del Distrito Judicial de Peravia, otorgó libertad condicional al recluso José Eduardo Ciprián Lebrón al cumplir apenas cinco años de los 10 que se le impuso por complicidad en el atentado perpetrado contra el pelotero David Ortiz (Big Papi).

La decisión del juez Arias, aunque motivada, pone en entredicho la invocación de esa figura jurídica usada para procurar insertar en la sociedad a un reo que demuestre cambio de conducta y sincero arrepentimiento del crimen cometido. Ciprián Lebrón fue muerto en una balacera entre narcotraficantes.

La comunidad jurídica se muestra sorprendida por la rápida ejecución de la sentencia de cinco años de prisión que ratificó la Suprema Corte de Justicia (SCJ) contra la exdiputada Rosa Amalia Pilarte, apresada y conducida a la cárcel Rafey Mujeres, donde cumplirá el veredicto, pese a que sus abogados recurrieron el fallo por ante el Tribunal Constitucional.

Esos tres casos sobre decisiones judiciales sirven para analizar con mayor sentido de objetividad por cuáles senderos transitan el Ministerio Publico y el Orden Judicial, especialmente en la interpretación de figuras procesales, instituciones jurídicas o la clásica discusión sobre lentitud de la justicia, ante todo lo cual, procede que la sociedad emita un certero juicio de valor.