MADRID, 19 Oct 2013 AFP. – El escándalo que desestabiliza al conservador Partido Popular (PP), en el poder en España, recobraba fuerza este sábado a raíz del juicio por difamación al extesorero del partido, quien la víspera reiteró las acusaciones de corrupción. La número dos del PP, María Dolores de Cospedal, ha demandado al extesorero Luis Bárcenas por acusarla de aceptar pagos ilegales. Los analistas advierten de que un contraataque podría ser contraproducente ya que reavivaría el escándalo.

El conocido como caso Bárcenas ha indignado a los españoles y multiplicado las solicitudes de dimisión del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, cuando trata de sacar a la cuarta mayor economía de la eurozona de la crisis económica. Bárcenas, que tenía que defenderse de la acusación de difamación, aprovechó la oportunidad en la vista oral del viernes para reiterar las acusaciones de que había entregado personalmente sobres con dinero en efectivo no declarado por miles de euros a los dirigentes del partido.

«Es mi mano la que entrega el sobre a la Señora de Cospedal por estas cantidades» en su oficina en 2008, dijo, en unos extractos emitidos por la televisión pública, al testificar por videoconferencia desde la cárcel madrileña en la que está detenido por otro caso relacionado con el que su juzgaba el viernes. El escándalo estalló en enero cuando un diario publicó copias de los libros de contabilidad de Bárcenas con su letra, en los que se mostraban pagos presuntamente realizados desde un fondo secreto.

En su declaración ante el juez el pasado mes de julio, Bárcenas nombró a Rajoy y a Cospedal, la secretaria general del partido, entre los responsables que cobraban sobresueldos no declarados. Rajoy negó que él o alguna figura del partido hubiera recibido dinero ilegal y rechazó los llamamientos a dimitir por el caso. Un juez interrogó a Cospedal como testigo en el caso pero descartó llamar a declarar a Rajoy.
El caso había perdido fuerza en las últimas semanas hasta que la demanda de Cospedal llegó a los juzgados el viernes.

La numero dos del PP estaba furiosa por verse salpicada por el escándalo, cuando fue ella quien supervisó las reformas para hacer más transparente al partido, dijo Fernando Vallespin, politólogo de la Universidad Autónoma de Madrid. «Su demanda contra Bárcenas ha significado que ahora estamos hablando sobre esto» y sus compañeros de partido están preocupados por la oportunidad brindada a Bárcenas de reiterar sus acusaciones, indicó Vallespin a la AFP el sábado. «Un caso que había estado bastante apaciguado en los últimas semanas de repente ha pasado otra vez a las portadas de los periódicos».

El PP pagará el precio

El diario de centro-izquierda El País señaló que los miembros del PP estaban «desconcertados» por la decisión de Cospedal de demandar a Bárcenas, que daba un espectáculo «demoledor para la imagen del partido». «La decisión de Cospedal ha roto totalmente la estrategia del PP y del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que consistía en no decir una palabra sobre el caso Bárcenas para intentar que desapareciera del primer plano», escribe el diario. En su declaración del viernes, Cospedal negó las acusaciones de Bárcenas de que había recibido dos pagos de 7.500 euros (10.200 dólares) de su parte en 2008.

El diario conservador El Mundo consideró que no dejó claro si otros miembros del partido aceptaron estos pagos, lo cual «acrecienta esa sospecha y reabre internamente el escándalo». Bárcenas ingresó en prisión en junio a la espera de la investigación sobre los 47 millones de euros que habría escondido en cuentas secretas en Suiza.
La justicia investiga por separado las acusaciones de financiación ilegal en el partido, que abarcan casi 20 años. «Esto nunca va a acabar hasta que no haya una sentencia firme», indicó Vallespin. «Creo que no va a haber muchas personas condenadas con la excepción de Bárcenas. Judicialmente (el partido) puede sobrevivir» pero Rajoy podría pagar el precio político si la justicia confirma irregularidades financieras en el partido y si la sentencia se pronuncia en época de elecciones, añadió el analista.

Las próximas elecciones generales están previstas en 2015 y casos importantes como este pueden tardar años en ser juzgados. «Depende mucho de lo que efectivamente judicialmente se puede demostrar», dijo Vallespin. «Entre tanto yo creo que sí ha hecho mucho daño al Partido Popular».

Por Roland LLOYD PARRY