San Juan, Puerto Rico. La Junta de Supevisión Fiscal podría anunciar hoy la decisión de invocar el Título III de ajuste de deuda de la Ley Federal Promesa, una especie de quiebra que detiene por vía de la corte todo pleito legal.

Mientras, líderes del mayor partido de oposición política, el Popular Democrático (PPD) exigieron esta mañana a la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares que de manera urgente declare la quiebra del Estado Libre Asociado (ELA) ante las demandas millonarias de un grupo de bonistas presentadas en tribunales federales de esta isla y en la ciudad de Nueva York.

En ese sentido, el ex presidente del senado y alto dirigente del PPD, Eduardo Bhatia, reclamó al gobernador Rosselló Nevares y a la Junta de Supervisión Fiscal que radiquen una quiebra lo antes posible pues, según advirtió, »de no hacerlo las finanzas de la isla se pondrán aún más en mayor riesgo».

Ayer, el secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario Cortés dijo que el Gobierno no considera acogerse a la quiebra mediante el Título III de la Ley Federal Promesa.
Aunque no descartó la medida, el funcionario resaltó que por el momento la administración no se acogería a la quiebra fiscal por considerarlo “innecesario” en este momento.

Se explicó que con una decisión en esa ruta, luego de concluir sin éxito el proceso de mediación entre el Gobierno y sus acreedores principales, »se marca un momento trascendental en la historia política y financiera del territorio de Puerto Rico».

Se dijo que la decisión, no sólo trastocaría la relación de la isla con el mercado municipal de bonos, sino que crea un antes y después para ese mismo mercado donde hasta ahora no existían precedentes en cuanto al manejo que se habilita para toda deuda de un territorio no cobijado con la ley de bancarrota federal.